La Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura Local, acordó llevar a juicio político al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, por considerarlo presunto culpable de enriquecimiento ilícito con dinero del gobierno del estado que alcanza la cifra de 30 mil millones de pesos.
Este procedimiento será llevado a cabo por la Cámara Legislativa en respuesta a la solicitud del senador, Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo e integrantes del Consejo Ciudadano contra la Corrupción y la Impunidad (CCCI), a efecto de que el ex gobernador enfrente a la justicia y responda a las acusaciones que hay en su contra y de sus colaboradores como son, Germán Tenorio, Alberto Vargas Varela, Netzahualcóyotl Salvatierra y Jorge Castillo, por dinero robado al Estado.
Este último funcionario, Jorge Castillo, es considerado por el senador Benjamín Montoya, como el principal responsable del saqueo al gobierno oaxaqueño con el respaldo de su jefe directo el ex gobernador Gabino Cué. Esta mancuerna fue la que acordó sustraer los dineros de las becas a estudiantes universitarios y el dinero presupuestado para el funcionamiento adecuado de los hospitales.
Las instituciones hospitalarias mostraron ineficiencia, escasez de medicinas y falta de atención médica adecuada, inclusive, varias mujeres dieron a luz en las banquetas de las clínicas.
Sumas elevadas de dinero fueron repartidas entre grupos de la CNTE y la S22, a fin de que se mantuvieran sin hacer ruido, hasta que se reventó la cuerda al aprobarse las Reformas a la Educación y, posteriormente, convertirse en Ley Constitucional, misma que le estalló en la cara al entonces gobernador Cué, al no poder continuar los pactos de no agresión con la CNTE y la S22, por lo cual, la violencia se desató al suspenderse los privilegios de que gozaban los cárteles educativos.
Hay mucho que saber y contar de esta pandilla encabezada por el ex gobernador Cué, y los saqueos cometidos durante su administración, pero eso, lo llegaremos a saber en el remoto caso de que el juicio político anunciado por el senador Montoya se efectúe.
Hasta este momento, el Congreso Local no ha localizado al ex funcionario para entregarle la notificación de emplazamiento y presentarse oficialmente ante el Poder Legislativo.
Por su parte, la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Oaxaca, fue requerida por la Comisión Instructora Legislativa para que informe el domicilio registrado del ex gobernador.
Además, se solicitó a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), el informe completo que guardan los procedimientos administrativos sancionadores por quebranto patrimonial en perjuicio del gobierno de Oaxaca, durante los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y los que se hayan iniciado durante 2015 y 2016.
Los datos que se tienen sobre el tema difundido por el senador Benjamín Robles Montoya y la misma Cámara Legislativa Local, “tienen una clara lectura, va en serio el procedimiento legislativo en contra de Gabino Cué, es decir, el juicio político está en ruta”, afirmó el legislador. ¿Que es un Juicio Político? ¿En qué consiste? ¿Qué objeto tiene?
Un juicio político es el derecho que todo ciudadano tiene para llamar a cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos.
Consiste en sancionar a todo aquel funcionario que, en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales confiadas, incurran en actos y omisiones que afecten y perjudiquen los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
El objetivo de un Juicio Político es la destitución del funcionario público que haya violado la ley; la destitución o inhabilitación para ocupar otro cargo.
La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos de 1917, estableció en su artículo IV; cuatro tipos de responsabilidades de los funcionarios públicos: la política, la penal, la administrativa, y la civil. Pero solo la política y la penal requieren de la intervención del poder legislativo para proceder en contra un funcionario.
Lo anterior es por lo que se refiere a la teoría jurídica y legislativa. Sin embargo, la realidad es otra y nada fácil de llevarla a cabo. Más bien se trata de un procedimiento tedioso, muy largo, y creado para causar impacto mediático, partidista y, por ende, político.
Hay infinidad de denuncias en contra de funcionarios públicos corruptos, ladrones, sexistas, racistas; denuncias que abruman los escritorios de las oficinas legislativas. Pero como este procedimiento facilita al funcionario la evasión de la responsabilidad, por ejemplo, inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo debido a delitos de corrupción, pues el negocio es redondo. Así hay miles de casos de ex funcionarios que tienen “vacaciones” pagadas con las alforjas repletas de dinero.
De manera que, un Juicio Político es la forma de hacer ruido político, de escándalo mediático, en contra de quien o quienes cometieron los delitos contra de las instituciones.
En el caso del ex gobernador Gabino Cué, se trata de alejarlo del país, de apartarlo de la elite del poder, deshacerse de él, debido a las elecciones en puerta. Se trata de tirar el lastre político que significa “cargar” con las culpas y delitos de los que cayeron en desgracia política pero con las alforjas llenas.
Así se explica la cacería de brujas contra ex gobernadores corruptos que por tanto tiempo saquearon las arcas de la nación sin que nadie los tocara, ni la CONAGO, ni los integrantes de los tres poderes del Estado. Ahora, parece que es el turno de Gabino Cué, según el senador Montoya.
Sin embargo, el ex gobernador sabe bien lo que significa el procedimiento legislativo en su contra, por lo que debe estar muy tranquilo por la resolución de la cámara legislativa debido a que la sanción en su contra, si es que se llegara a cumplir, seria no poder ejercer otro cargo público por el tiempo que usted guste. ¡Vamos hombre, a quien le preocupa semejante sanción!
Off the record. Aprueba la Cámara de Diputados, periodo de 7 años para el cargo de Fiscal General, no necesariamente nacido en Oaxaca. Marcha atrás al localismo discriminatorio. Bien por los legisladores.
Violencia en Oaxaca. Datos escalofriantes del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública (SENSSP), que señalan que los primeros tres meses del 2017, fueron los más violentos de los últimos 7 años, lo que implica un aumento superior al 100% en comparación del año 2013, y además, colocan al Estado como uno de los más inseguros del país. Lamentable noticia que afecta a todos, oaxaqueños y visitantes.
CNTE. La violencia de este cartel magisterial volvió por sus fueros cerrando carreteras, amenazando con más violencia, cierre de escuelas, y todo lo que si saben hacer en perjuicio de la comunidad estudiantil como incendiar una escuela primaria y parar las clases; alejar al turismo; perjudicar las ventas del comercio, y todo aquello que se les permite hacer para que el gobierno del estado ordene descongelar las cuentas bancarias del cartel.
Quejas migratorias. Las Vegas, Nevada, fue visitada por miles de personas, principalmente mexicanos procedentes de diversas entidades del país con objeto de presenciar la pelea entre el “Canelo” y Chávez. Pero las autoridades migratorias del aeropuerto fueron acusadas de mal trato; de exceso de revisiones y ya sabe usted, de tratos discriminatorios como resultado de las políticas arbitrarias del obtuso de la Casa Blanca, que no quiere entender que no entiende.
“Huachicoleros”, o ladrones de los ductos hicieron efectivo el lema de que el “petróleo es de los mexicanos”. Como ellos lo toman se llama robo a los bienes de la nación. El problema mayor es que el daño económico causado por el huachicol es grave y el daño social peor, por haberse convertido en una fuerza capaz de desafiar, enfrentar y causar bajas a las fuerzas armadas.
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