Diana Mendez
A través de una carta abierta dirigida a la opinión pública, la jueza Suzette Soto Pinacho denunció ser víctima de una serie de agresiones que incluyen violencia física, psicológica, económica y violencia vicaria, presuntamente ejercidas por el padre de sus hijos, así como una campaña sistemática de hostigamiento y desprestigio.
En su testimonio público, Soto Pinacho expone que, tras su separación, firmó tres convenios de convivencia que no fueron respetados por su contraparte. Señala que, a pesar de que el presunto agresor ha incumplido con el pago de la pensión alimenticia durante más de 11 años, ella permitió la convivencia con sus hijos, misma que —asegura— fue utilizada como mecanismo de control y manipulación.
De acuerdo con la denuncia, durante estos periodos de convivencia los menores habrían sido expuestos en redes sociales y presuntas campañas políticas, así como sometidos a presiones emocionales, incluyendo la grabación de videos en su contra. Además, se señala que los niños fueron expuestos a entornos considerados de riesgo, lo que habría puesto en peligro su integridad.
La jueza también subrayó que, pese a la existencia de órdenes de restricción y medidas de protección vigentes en los ámbitos familiar y penal, estas habrían sido incumplidas en más de 20 ocasiones. Entre los señalamientos se incluyen una presunta campaña de odio en redes sociales, el uso de expresiones denigrantes y acusaciones públicas que buscan dañar su imagen profesional, así como el ocultamiento de uno de sus hijos por más de 24 días, hecho que calificó como violencia vicaria.
Asimismo, denunció actos de hostigamiento dirigidos a integrantes de su familia, a través de amenazas y mensajes intimidatorios, lo que ha generado un clima de constante temor.
En su pronunciamiento, Soto Pinacho reflexionó sobre las dificultades que enfrentan las mujeres al buscar justicia, incluso aquellas con formación jurídica, al señalar que existe un mayor cuestionamiento institucional hacia las víctimas, lo que retrasa o limita el acceso a una protección efectiva, especialmente cuando se trata de violencia psicológica.
Actualmente, la jueza manifestó temor por su seguridad y la de su familia, y exigió que el principio del interés superior de la niñez deje de ser únicamente un discurso y se traduzca en acciones concretas que garanticen la protección y bienestar de sus hijos.
De acuerdo con la información difundida, autoridades federales han confirmado la vinculación a proceso del presunto agresor y la emisión de órdenes de protección; sin embargo, la denunciante considera que estas medidas han sido insuficientes para frenar la violencia denunciada.
