#JaimeGUERRERO
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado relacionado con el desvío de cinco millones de pesos.
Eso compromete seriamente su liberación programada para abril próximo.
La medida cautelar se dictó en el contexto de una nueva causa penal por peculado que se suma a la sentencia de nueve años de prisión que el exgobernador de Veracruz cumple desde 2018 por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El riesgo de fuga como argumento clave
Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control, determinó que existe el riesgo de que el exmandatario estatal vuelva a fugarse en este nuevo procedimiento penal, citando como precedente su huida a Guatemala en 2016.
“Las cuestiones políticas escapan del alcance de este juzgador, no resuelvo cuestiones políticas, sino en base a datos objetivos que permiten establecer que hubo un momento en octubre de 2016 en que se usó un helicóptero y escapó a Guatemala”, señaló el juez durante la audiencia del 12 de febrero de 2026.
También consideró que la pena de hasta 14 años que podría enfrentar Duarte por el delito de peculado constituye un aliciente adicional para evadirse.
“El dato objetivo es que usted fue detenido en Guatemala y hubo necesidad de traerlo a México con una orden de detención provisional con fines de extradición; además, la pena de 2 a 14 años de prisión, cuya media aritmética es de 8 años de prisión, es una pena elevada y aliciente para evadirse de la justicia”, argumentó Villaseñor.
Durante su intervención en la audiencia, Duarte calificó los señalamientos como infundados y sostuvo que el proceso tiene un trasfondo político. También afirmó que el objetivo principal consiste en mantenerlo en prisión.
La defensa del exgobernador, encabezada por Diego Uriza y Jimena Martínez, alegó que no existía ninguna necesidad de cautela porque su cliente ya estaba preso, lo que garantizaba su comparecencia.
Diego Urizar señaló que la nueva imputación se trata de una acusación “al vapor” con fines políticos, y explicó que este nuevo proceso es una acusación de 2016 que “curiosamente” se judicializó cuando le faltaban dos meses para dejar la cárcel.
Sin embargo, el juez Aquiles Villaseñor rechazó estos argumentos y respondió que el Poder Judicial actúa con autonomía, además de que este asunto es adicional, independiente y autónomo del que mantiene a Duarte tras las rejas.
Los recursos desviados a grupos vulnerables
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción señaló que el presunto desvío de recursos está relacionado con el Fondo para Apoyo a Personas con Discapacidad.
De acuerdo con la investigación, se trata de recursos que aportó el Fondo para la Infraestructura y Equipamiento para Programas de Atención a Grupos Vulnerables: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, para el Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud (FOROSS).
Según la Fiscalía, en 2012 se presentó la imputación ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, sustentada en 38 datos de prueba.
El Fondo aportó 10 millones de pesos al Gobierno de Veracruz para que se entregaran a la Casa Hogar del Adulto Mayor “Mariana Sáyago” de Xalapa y la Casa Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” en Boca del Río, pero solo se destinó la mitad de los recursos para esos fines y de la otra mitad se desconoce su destino.
El 15 de abril de 2026, Duarte cumplirá los nueve años de prisión a los que fue sentenciado tras declararse culpable de asociación delictuosa y lavado de dinero en 2018.
Sin embargo, la imposición de la prisión preventiva justificada compromete su liberación en esa fecha.
Ahora solo tiene tres posibilidades para salir del Reclusorio Norte en la fecha prevista Que el próximo martes 17 de febrero a las 10:00 horas, cuando se resolverá su situación jurídica, el juez Aquiles dicte la no vinculación a proceso.
En caso de ser procesado, en esa misma audiencia el impartidor de justicia cambie de opinión y le conceda la libertad provisional.
Asimismo, que antes del 15 de abril se lleve a cabo una nueva audiencia de cambio de medida cautelar.
De no conseguirlo por alguna de estas vías, permanecerá en prisión más allá de los 9 años de su condena original.
El exgobernador de Veracruz fue detenido el 15 de abril de 2017 en el poblado Panajachel, Guatemala, y el 17 de julio de ese año fue extraditado a México.
Decidió acogerse a un proceso abreviado y el 26 de septiembre de 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión.
En noviembre de 2025, una jueza de ejecución negó a Duarte de Ochoa un beneficio de libertad anticipada al considerar que no acreditó un plan de actividades educativas, culturales, deportivas o recreativas durante su reclusión.
Además, fuentes ministeriales informaron que existen cerca de cien carpetas de investigación abiertas por los malos manejos de recursos federales en Veracruz durante su sexenio.
