Al consolidar a la Jefatura de Gabinete como ente superior a las secretarías del gobierno estatal, irremediablemente el Gobernador Salomón Jara pondrá a su administración frente al espejo. En el plano inmediato, se hace patente su intención de tener un gabinete permanentemente supervisado. Pero eso mismo lo pondrá en la disyuntiva de reconocer que no todos sus aliados políticos tienen la capacidad —la estatura, y la preparación— para ser buenos servidores públicos. De ese factor depende, paradójicamente, la legitimidad que pueda adquirir la Jefatura de Gabinete.
En efecto, desde mediados del mes de noviembre —cuando era Gobernador electo— Salomón Jara anunció cómo estaría conformada la primera línea de su gobierno, y entre ellos cantó el nombre de José Antonio Rueda Márquez quien, dijo, ocuparía el cargo de Jefe de Gabinete. El solo anuncio, y el solo nombre de la responsabilidad, revivió una añeja discusión al interior de la administración estatal respecto a quién debe ser, y quién fue históricamente el jefe del gabinete; y las razones por las cuales esa figura se diluyó al grado de que, en ciertos momentos, se llegó a cuestionar la existencia de la entonces denominada Secretaría General de Gobierno.
Para entender esta polémica es necesario ir por partes. Primero, comprender que tradicionalmente el Secretario General de Gobierno fungía fácticamente como jefe del gabinete; segundo, que al arribar a Oaxaca en 2010 un gobierno de pluralidad política, una de las figuras administrativas que estuvo más sujeta a presiones fue justamente la de la Secretaría General de Gobierno (Segego); tercero, cómo las dos administraciones previas —la de Gabino Cué y la de Alejandro Murat— optaron por no revitalizar la Secretaría de Gobierno en aras de mantener sus conveniencias políticas al interior del gabinete. Por último, será necesario entender la dimensión de esta modificación legal, y sus alcances si se tiene la fuerza y el respaldo para que la Jefatura de Gabinete cumpla con sus atribuciones.
En el primero de los puntos, hasta el gobierno de Ulises Ruiz el Secretario de Gobierno era fácticamente el Jefe del Gabinete. Lo era porque a pesar de que su preeminencia no estaba contemplada en la Constitución o en la ley, se entendía que el Secretario General de Gobierno era la voz directa del Gobernador. Así fue siempre, y por eso las decisiones y negociaciones del Titular de la Segego debían ser respaldadas —política, administrativa, presupuestal y a veces hasta judicialmente— por todos los entes de la administración pública estatal, y —por vicios naturales del régimen de partido hegemónico— hasta por los poderes Legislativo y Judicial del Estado.
EL GABINISMO
Esto cambió radicalmente en el gobierno de Gabino Cué. Por una negociación política, nombró al inicio de su administración a Irma Piñeyro Arias como Titular de la Segego, cuestión que molestó a los entonces hombres fuertes del Gobernador. Particularmente, el nombramiento de la excandidata a Gobernadora por el Partido Nueva Alianza, fue tomado como un asunto personal por Benjamín Robles Montoya, que en ese tiempo era uno de los personajes más cercanos al gobernador Cué, y que paradójicamente había sido nombrado como Jefe de la Oficina de la Gubernatura.
Robles, durante el primer año de la gestión gabinista, se dedicó a tender hilos con todas las organizaciones, grupos sociales, partidos y sindicatos, para que sus asuntos los desahogaran en su oficina y no en la de Piñeyro. Él, a diferencia de la ex priista, tenía acceso permanente al Gobernador y la fuerza política suficiente como para asumirse como jefe de todos los secretarios de la administración estatal. Irma Piñeyro no llegó a cumplir un año como titular de la Segego, y al renunciar —en julio de 2017— fue relevada por el exgobernador Jesús Martínez Álvarez.
Martínez, al arribar a la Secretaría General de Gobierno, se planteó un objetivo: formalizar su cargo precisamente como Jefe de Gabinete. Una de sus primeras acciones fue pedir que se elaborara un proyecto de iniciativa en el que se estableciera de manera expresa que el titular de la Segego fungiría como Jefe de Gabinete. La iniciativa se elaboró y fue presentada para su socialización entre la administración estatal, y ahí tuvo su primer descalabro. Nadie en Consejería Jurídica, ni en Finanzas, Administración ni la Secretaría fáctica que ocupaba Jorge Castillo —todos, con el aval del Gobernador— estuvieron de acuerdo con ello.
Y lejos de permitirlo, todos confabularon para desmantelar a la Segego y no permitir que Martínez Álvarez se consolidara como jefe de gabinete: fue aquella gran reforma de 2018 que desnaturalizó por completo a la Segego, misma que fortaleció a la Secretaría de Finanzas con el control total de la planeación de la inversión pública; que cedió a la Consejería Jurídica prácticamente todas las dependencias que antes estaban sectorizadas a la Segego; y que le quitó al Secretario General de Gobierno toda interlocución para abordar los problemas políticos de la entidad, y convertirlo en un lobo solitario que, dolorosamente, terminó yéndose por la puerta de atrás en la administración de quien consideraba era uno de sus pupilos.
EL OSTRACISMO
Durante el resto de la administración de Cué pasaron dos titulares más de la Segego que sólo administraron la crisis de esa dependencia, con perspicacia y sutileza: Alfonso Gómez Sandoval y Carlos Santiago Carrasco. Cumplieron decorosamente su labor sin recursos, sin interlocución política de primer nivel, y carentes de toda ascendencia frente personajes ya encumbrados en ese punto del sexenio como Jorge Castillo o Alberto Vargas Varela.
Vino el gobierno de Alejandro Murat y decidió no cambiar el estado de cosas. Durante seis años pulularon por esa dependencia lo mismo Alejandro Avilés que el histórico Héctor Mafud y finalmente Francisco García López, sin mayor relevancia, porque el problema de la Secretaría de Gobierno era estructural: sin haber perdido la denominación de “general” era una dependencia de segundo o tercer nivel, que funcionaba inercialmente, y que cotidianamente se enfrentaba a la indolencia de las secretarías de las que ahora ésta dependía.
Así, si Finanzas no tenía voluntad de liberar recursos del presupuesto, la Segego sólo tenía saliva; si Administración no tenía capacidad de gestionar temas relacionados con sus atribuciones, entonces su palabra se convertía en llamados a misa. Y así, sucesivamente. Incluso, se llegó a plantear que Segego se convirtiera en una subsecretaría de Finanzas. El Secretario de Gobierno se redujo a ser sólo un pararrayos y un fusible. Pero ya no era ese representante de primer nivel que llevaba la voz del Gobernador del Estado. Así, entre tumbos para la gobernabilidad y la incertidumbre en el gabinete, terminó la gestión de Alejandro Murat que nunca tuvo interés en lo que hacía su gabinete.
JEFATURA DE GABINETE, ¿CAMBIARÁ EL PARADIGMA?
Hoy José Antonio Rueda Márquez es jefe de gabinete y su misión, ya consolidada en la ley, será la de fungir como un revisor permanente de los aciertos y fracasos de los integrantes de la administración estatal. Su jerarquía es superior a la de todos los funcionarios de la administración estatal, muchos de los cuales comparten débitos políticos recíprocos con el Gobernador.
¿Tendrá Rueda la capacidad, la fuerza política y la legitimidad para evaluar a todos por igual? ¿Será capaz el gobierno estatal de evaluarse internamente, aun cuando encuentre más fallas que aciertos en sus funcionarios, varios de los cuales ya dan hoy muestra de que están en todo menos en sus responsabilidades? ¿Cuánta fuerza política tendrá realmente el Jefe de Gabinete frente a aquellos que comparten otro tipo de débitos con el mandatario?
En realidad, con esta reforma el gobierno de Salomón Jara tiene la posibilidad de ponerse frente al espejo para evaluarse y mejorar constantemente, si es que la administración no es vencida por la política. No existe hoy ninguna garantía pero ojalá así sea, por el bien de Oaxaca.
EPITAFIO
Error garrafal de técnica legislativa: establecer en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo como primera atribución para el Jefe de Gabinete “cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás disposiciones que emita la persona titular del poder ejecutivo…”. El único que cumple y hacer cumplir es el Gobernador. Todos los demás, se supone, obedecen por voluntad o por la fuerza. Pero ese aparente error de redacción, en realidad demuestra el poco nivel que existe, incluso a nivel técnico, en la Legislatura local.
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