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Tras la detención del exalcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que no habrá impunidad ni protección política para las exautoridades investigadas por presuntos delitos.
También confirmó que la Fiscalía Anticorrupción indaga a alrededor de seis expresidentes municipales de distintas fuerzas políticas.
“Como siempre lo expresé, aquí no hay impunidad con nadie. Sea quien sea, quien cometa algún delito de corrupción o agravio, va a tener que ser castigado”, declaró al ser cuestionado sobre el arresto de Molina, quien anteriormente militó en Morena.
Jara Cruz sostuvo que su gobierno no intervendrá para proteger a exautoridades por su filiación partidista y que corresponde a las instancias competentes determinar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.
“Nosotros no vemos partidos políticos. No nos importa el color, no nos importa la religión, lo que nos importa es el desarrollo y el progreso de Oaxaca”, expresó.
Sobre la presencia de organizaciones delictivas en la entidad, informó que se mantienen operativos coordinados en distintas regiones para impedir el establecimiento de grupos criminales.
Mencionó la Costa, el Istmo de Tehuantepec, la zona de Chahuites y Tapanatepec, así como la Cuenca del Papaloapan.
Molina fue presidente municipal de Tuxtepec y de la Junta de Coordinación Política del Congreso local durante la LXIII Legislatura, de 2016 a 2018.
La orden de aprehensión, librada el 27 de octubre dentro de la causa penal 496/2026, deriva de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por José Luis Hernández Díaz, director de Investigación Administrativa Municipal de la Auditoría Superior del Estado.
La investigación señala dos contratos de 2022 adjudicados mediante invitación restringida a Deeleg Automation & Industrial Service, S. de R.L. de C.V. Uno fue por 13 millones 194 mil 581 pesos con 60 centavos y el otro por 10 millones de pesos.
Por esos contratos, el Ayuntamiento realizó siete pagos: cuatro por 13 millones 107 mil 919 pesos con 23 centavos y tres por 9 millones 931 mil 614 pesos con 74 centavos.
La suma investigada asciende a 23 millones 39 mil 533 pesos con 97 centavos.
La imputación sostiene que Molina intervino en la contratación y los pagos, en presunta contravención de disposiciones estatales sobre presupuesto y obra pública.
