Es ilógico y hasta ofensivo suponer que hubo algún tipo de premeditación o intencionalidad en los terribles hechos del pasado 16 de febrero en Jamiltepec, Oaxaca. Es impensable, e inadmisible, cuando queda claro que la única intención de las autoridades estatales y federales que decidieron viajar a esa zona luego del sismo ocurrido horas antes, era encabezar los trabajos de supervisión y ayuda a las víctimas. Sin embargo, lo que sí deberá ocurrir es la evaluación del hecho en todas sus dimensiones, para establecer nuevos parámetros de actuación civil y militar frente a contingencias como las que hemos padecido en Oaxaca en los últimos meses.
En efecto, un fuerte terremoto de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, sacudió la tarde del pasado viernes el centro y sur de México. Una réplica importante ocurrió esa misma noche. Ante ello, el Gobernador Alejandro Murat anunció que viajaría de inmediato a la zona siniestrada para conocer la magnitud de los daños y encabezar las labores de ayuda a la población afectada.
En el mismo tenor se pronunció el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien minutos después de ocurrido el sismo informó que por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, se trasladaría a Pinotepa Nacional, a fin de evaluar los daños, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó al país. De hecho, en una entrevista previa con un noticiero de cadena nacional de televisión, Navarrete habría indicado de forma preliminar que no existía reporte de pérdidas de vidas humanas ni daños mayores.
“En Oaxaca tenemos daños a construcciones, no tenemos reporte de pérdidas de vidas humanas; en este momento no tenemos reportes de daños confirmados”, señalaba en entrevista con Foro Tv, al tiempo de expresar que el presidente Enrique Peña Nieto le había ordenado activar los protocolos luego de este sismo que ha generado conmoción y nerviosismo, y que asimismo le había dado la instrucción de trasladarse de Campeche —sitio en donde se encontraba al momento del sismo— a Pinotepa Nacional por indicaciones del Ejecutivo federal.
Ambos funcionarios se encontraron en Puerto Escondido, a unas tres horas por carretera de la zona en donde había ocurrido el epicentro del sismo, y a donde existían los reportes de mayores daños en casas, edificios, oficinas públicas y escuelas. Por la hora y por las condiciones de la carretera —en las que ya se sabía que había diversos cortes a la circulación, por derrumbes ocurridos a consecuencia del mismo movimiento telúrico—, los mandos militares que acompañaban a los funcionarios decidieron el traslado por vía aérea primero al municipio de Jamiltepec, y la intención era que posteriormente se trasladaran a Pinotepa Nacional.
Lamentablemente, en Jamiltepec ocurrió la tragedia ya por todos conocida. En lo que las mismas fuerzas armadas han considerado como un error humano, la tripulación de la aeronave perdió el control al momento de aterrizar, provocando que el aparato se impactara contra varios vehículos terrestres que se encontraban en una zona contigua al lugar donde se había decidido el aterrizaje. En el hecho murieron 14 personas que se encontraban en el lugar, y otras más resultaron con heridas de consideración. Entre las personas que iban en la unidad aérea, no hubo ningún lesionado de consideración.
Ésta es considerada por la propia Fuerza Aérea Mexicana, como la mayor tragedia en su historia. De inmediato se anunciaron investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional asumió la responsabilidad por el hecho. Pero además del deslinde de responsabilidades y el pago de las indemnizaciones y los daños a terceros que deba realizarse, esto debe servir para establecer nuevos parámetros de operación en casos de contingencias.
APRENDER DE LA TRAGEDIA
A partir de ahora, las fuerzas armadas tendrán que asumir la necesidad de establecer qué tareas son prioritarias y cuáles no frente a una contingencia. En esa lógica, es claro que el establecimiento de puentes aéreos y el traslado de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal especializado, deberá ser la mayor prioridad por encima de las órdenes que establezca el propio Ejecutivo federal para el traslado de sus subordinados, hasta que no se tenga la plena seguridad de que las operaciones están garantizadas y, sobre todo, que la población civil no corra ningún riesgo por ellas.
Lo que queda claro es que en el caso del sismo en Pinotepa no hubo una correcta jerarquización de las necesidades, y eso abrió un espacio para un riesgo importante, y una tragedia lamentablemente consumada. Es dolorosísima la pérdida de vidas humanas y de lesionados debido a un error en la operación de una aeronave, pero esto pudo haber ocurrido independientemente de quiénes eran las personas a las que se trasladaba en el helicóptero, si de todos modos los encargados de la operación militar —los soldados que ya tendrían que haber estado en la zona, así como el personal de la Fuerza Aérea que también debía estar previendo y planeando la llegada de aeronaves a la zona—, no tenían la certeza de que dicho aterrizaje no causaría ningún problema.
Al final, el traslado pudo haber sido de personal militar, de ayuda humanitaria o de equipos especializados —como ocurre en cada contingencia, que son frecuentes en una entidad como la nuestra— y de todos modos haber un incidente con el terrible saldo rojo que ocurrió la noche del 16 de febrero en Jamiltepec, ante una falta de planeación adecuada de las operaciones.
Junto a eso se debe encontrar la evaluación del riesgo. ¿Qué habría pasado si en ese vuelo hubieran perdido la vida el Secretario de Gobernación o el Gobernador del Estado? Esa habría sido también una tragedia que habría no sólo enlutado también a varias familias, sino que habría generado una enorme situación de incertidumbre social y política para nuestra entidad. Por eso, en la evaluación de los riesgos ésta debe ser una consideración fundamental, ya que una incorrecta planeación de operaciones —incluso en medio de una contingencia— puede derivar en hechos de enorme trascendencia y riesgo social y político, que bajo ninguna circunstancia pueden ser desdeñados.
NO REPETICIÓN
Es cierto que debe haber un deslinde puntual de responsabilidades, y que cada uno de los ámbitos de gobierno —y funcionarios— debe asumir sus respectivas consecuencias institucionales. Pero esta situación debe también servir como un punto de referencia necesario, para evitar que, por irresponsabilidad y problemas de planeación, este tipo de situaciones de riesgo y dolor para las personas, puedan volver a repetirse.
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