El asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa en un departamento de la colonia Narvarte abrió uno de los expedientes marginados de las nuevas y limitadas prioridades del sistema político priísta: la falta de una estrategia de atención a los periodistas que critican al poder político y que han quedado sin redes de protección.
El martes pasado, el consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un “enérgico” pronunciamiento sobre los periodistas amenazados y exigió al Estado atender esos casos. Sólo que la CNDH olvidó que no sólo tiene la obligación de atender esos sucesor como organismo del Estado, sino que cuenta con un programa de protección a periodistas.
Por tanto, el consejo consultivo de la CNDH debió de haber dirigido su enérgica declaración primero a la propia CNDH porque sus procedimientos actuales padecen de lentitud, enredo burocrático-judicial y mecanismos precautorios ineficaces, desatendidos e inservibles.
El problema con los periodistas amenazados y asesinados radica en un punto que a veces los propios periodistas suelen tratar con desdén: se trata de acciones agresivas contra periodistas no como ciudadanos sino por su función de informar sobre temas que tienen que ver con las estructuras criminales incrustadas en el Estado y a veces de espacios de gansterización política del propio Estado.
El otro problema radica en que las acciones públicas para crear protocolos y oficinas de atención a periodistas amenazados son parte de estructuras burocráticas. Por ejemplo, en la fiscalía especial de la PGR se nombró a Ricardo Nájera, que ha ido subiendo y bajando en la burocracia, y que estaba en la dirección de comunicación social. En el programa de atención a periodistas de la CNDH está un burócrata que además atiende mil temas adicionales. Y en el congreso hay una oficina para esos menesteres atendida por un… político.
Del lado contrario, las organizaciones no gubernamentales que atienden asuntos de periodistas amenazados, asesinados o censurados han caído en la vieja trampa de los dos demonios: al demonio autoritario del Estado y la política que ataca a la prensa crítica se le enfrenta el demonio del activismo político que atiende más la crítica al Estado y al poder, y no aporta propuestas para la defensa de los periodistas.
Pero nadie está creando análisis sobre el porqué de las agresiones contra la prensa crítica por efecto de la desarticulación de los poderes informales del sistema político priísta, ni se ven periodistas formando organizaciones que coadyuven críticamente con las autoridades en investigaciones, ni periodistas participando en la elaboración de leyes efectivas para encarar la violencia contra los periodistas por su función de informar con sentido crítico.
El caso del fotógrafo Rubén Espinosa ilustra los errores de procedimiento pericial. Toda la indagatoria de la procuraduría del DF se centró en el perfil de la delincuencia común; pero ninguna oficina política o de derechos humanos del Estado se preocupó por las derivaciones políticas del asunto. Sin embargo, el tribunal social en las redes sentó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en el banquillo y lo condenó. Pero nadie ha iniciado estudios e investigaciones sobre la situación de la prensa en Veracruz, sin duda la más agresiva aunque no la única.
El papel crítico de la prensa y la respuesta violenta de los poderes afectados por las revelaciones forman parte de la reorganización de poderes y complicidades del sistema político priísta. Los periodistas no deben clamar por que el gobierno y el Estado criticado los proteja de funcionarios molestos con las revelaciones sino pugnar por una estructura de defensa de los derechos de los periodistas, funcional a los periodistas y no creadas y no atendidas por los denunciados. En los hechos, la actual pasividad de la CNDH no hace sino alentar las agresiones contra periodistas.
La crisis del modelo de defensa de periodistas se percibió en el caso del fotógrafo Rubén Espinosa: la PGJ del DF fue hasta Veracruz, el gobernador presentó sus dichos en función del enfoque delincuencial y el caso se va a cerrar como un asunto de delincuencia común; sin embargo, nadie atenderá la parte política del conflicto: las evidencias de que organizaciones criminales y algunas oficinas públicas de Veracruz son responsables de agresiones violentas contra periodistas al grado de expulsarlos de la entidad y que el gobernador Duarte con sus justificaciones no hace sino validar las agresiones.
En el caso Espinosa se aplicó el modelo de complicidades: a los amigos, justifica y gracia; a los enemigos o críticos, la ley a secas. La investigación del caso Narvarte como asunto delincuencial al final favoreció al gobernador Duarte y afectó a los periodistas veracruzanos amenazados y agredidos por sus críticas al gobierno estatal.
@carlosramirezh
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