El 1% restante, durante 2010, se dividió en dos áreas: 7 mil 499 millones de pesos se destinaron a cubrir el “derecho a la protección” contra la violencia, el abuso, todas las formas de explotación y discriminación, que incluye además prevención, atención y acceso a la justicia, y 106 millones para cubrir el “derecho a la participación”.
“La inversión en estas áreas resultan insuficientes si se toma en cuenta que garantizar el derecho a la protección implica, entre otras cosas, la conformación de marcos legales para proteger los derechos de los niños y las niñas contra la violencia, el abuso y todas las formas de explotación y discriminación; la implementación de políticas públicas y la puesta en marcha de programas con ese fin”.
Ante Margarita Zavala, presidenta del DIF Nacional, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, la representante de la Unicef en México consideró que los resultados en Salud y Educación son muy alentadores, pero el gasto (42.3% de la inversión) que se distribuye a estados y municipios “de acuerdo al análisis la trasparencia en el ejercicio presupuestal de dichos fondos sigue siendo una tarea pendiente”.
En tanto, dijo, los programas sujetos a reglas de operación destinados a estos sectores, lo que significa tener un mejor seguimiento del ejercicio presupuestal y mayor trasparencia, representan solamente 15.27% de inversión.
Agustín Escobar, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política, precisó que en los últimos 10 años, a través del ramo 33 se ha destinado a estados y municipios más de 3 billones de pesos a la atención de menores, monto casi igual al gasto de siete secretarías federales.
Milenio