El Gobierno de Oaxaca de Juárez a través de la Consejería Jurídica interpuso una denuncia penal ante la delegación en Oaxaca de la Procuraduría General de la República (PGR) para fincar responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables de la campaña de difamación para desacreditar el desempeño de la administración municipal y del edil José Antonio Hernández Fraguas, a efecto de que sea sancionado conforme al Código Penal Federal vigente y obligado al pago de la reparación del daño moral.
Asimismo, para que gire oficio a la Policía Cibernética con el propósito de que investigue las fuentes informáticas de donde provienen los mensajes de texto (SMS), que se han enviado a los números telefónicos de celular de la población en general, violando con ello su derecho a la protección de datos personales.
Lo anterior, debido a que a partir del día veintitrés de noviembre del presente año empezaron a circular en redes sociales diversos ataques y difamaciones en contra del Presidente Municipal Constitucional, así como de la Administración del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, ataques consistentes en injurias graves que atentan a la honra y dignidad de los funcionarios públicos que integran la administración, ataques que son realizadas a través de diversas plataformas y páginas digitales.
Este acto forma parte de toda una campaña de desprestigio que tiene un alto costo, haciendo un uso indebido de los medios de comunicación, mismos que afectan de manera directa la Administración del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez y la del Presidente Municipal Constitucional, toda vez que en ellas se desprende información falsa, bajo el supuesto del desvío de recursos públicos por la realización de eventos gubernamentales y la contratación de empresas que se encuentran fuera de la ley, aun cuando existe constancia legal y comprobatoria de cada decisión del actuar gubernamental, misma que se encuentra disponible en su página de internet.
Por lo anterior, el Gobierno Municipal afirma que estos hechos son totalmente falsos, ya que siempre se han contratado proveedores calificados, por lo tanto cada evento realizado está comprobado ante las instancias correspondientes con facturas y fotografías que permiten corroborar la ejecución de los recursos públicos de una manera legal y transparente.
