Por enésima vez, quedó demostrado la corrupción que envolvió la construcción de la llamada Ciudad Administrativa, cuando se determinó este miércoles, desalojar y evitar que empleados siguieran trabajando en los edificios, Uno, Dos, Tres y Cuatro, por presentar averías estructurales, por lo que tendrán que trabajar en sedes alternas con un gasto cercano a los 60 mil pesos mensuales.
De acuerdo con una fuente, que solicitó el anonimato, pero accedió a ser grabada, expuso que tras el sismo ocurrido al medio día de este martes, los edificios mencionados presentaron “deficiencias” estructurales, que podrían poner en riesgo a cerca de 2 mil trabajadores.
El reporte, cuya copia obra en manos de este reportero, indica que las sedes de la Secretaría de Administración, Contraloría, de Asuntos Indígenas y parte de la Secretaria General de Gobierno, sufrieron afectaciones estructurales tras el sismo, que las hacen inoperables, a pesar que dichas instalaciones fueron inauguradas apenas en 2009.
Tras el anuncio, personal de esos edificios, aún con miedo por las constantes replicas, sacaron este miércoles todo documento oficial que cargaron en varias camionetas, con un destino incierto hasta el momento. Varios trabajadores expusieron que durante el sismo las instalaciones parecían de “papel”, por cómo se movían.
Varios medios de comunicación trataron de localizar al director del Patrimonio Estatal, -un joven de 32 años edad-, Gabriel Morales Ronsón de origen veracruzano, que recibió la estafeta de anterior director, por cierto su paisano, Pablo Arturo Negrete, pero sus asistentes, siempre indicaron que estaba en una reunión.
Tras el anuncio de que la mitad de los edificios de ciudad administrativa, serían revisados y los afectados rehabilitados, también se informó que durante 2 meses no podrán ser utilizados, por lo que el gobierno estatal deberá buscar espacios alternos para que el personal de dependencias siga laborando con gasto a los contribuyentes.
En su momento ante la falta de información oficial, se trató de ubicar al secretario de administración Alberto Vargas Varela, pero se descubrió que él no despacha en ciudad administrativa por la inseguridad que tienen las instalaciones
Con ese dato, se ubicó que el funcionario, que estuvo vinculado a un fraude a una institución bancaria hace 10 años, renta desde su nombramiento un edificio de tres niveles que se encuentra ubicado en la calle de Álamos 1215 en la colonia reforma, que siempre se encuentra cerrado para no llamar la atención.
Por otro lado en entrevistas con los pocos funcionarios de gobierno que no fueron a Guelatao, se estableció que de acuerdo con un contrato con la empresa constructora de la mejor conocida como “Ciudad Peluche”, por su fragilidad de materiales, se pagan poco más de 6 millones de pesos mensuales.
Asimismo indicaron que el seguro que fue adquirido mediante un el llamado Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), debería cubrir no solo los daños por un sismo, sino las derivaciones por sus afectaciones, como sería el costo de rentar sedes alternas para cerca de 2 mil trabajadores.
Un dato que dieron los encargados de la administración estatal es que, no solo se trata de un gasto especial por renta, sino que se tendrá que adquirir nuevo mobiliario pues el que se encontraban en los edificios en riesgo, por modificaciones del contratista, se encuentran sujetos al mismo edificio, por lo que no pueden ser trasladados a otro sitio.
Finalmente la empresa constructora filial a la empresa “Tubos y Conexiones”, no quiso dar una entrevista, pero por empleados expusieron que hubo alteraciones en el proyecto, con el objetivo de abaratar costos y mejorar las ganancias, al final coincidieron que se trata de una caja de cartón.
