El actual debate en torno a la prisión preventiva oficiosa ha exhumado uno de los defectos más vergonzantes de nuestro sistema de justicia: gente inocente en las cárceles.
La posibilidad de que un juez decida que una persona debe permanecer en la cárcel en tanto se comprueba su culpabilidad, más que de presunción de inocencia nos habla de presunción de culpabilidad.
Esto no sería de sorprender si nuestra vena constitucional como país no fuera garantista.
La nueva tradición jurídica de México pone, por encima de todas las cosas a los derechos humanos, y la presunción de inocencia es uno de ellos reconocido incluso universalmente.
Toda persona a quien se le impute un delito no puede ser considerada culpable en tanto no exista una sentencia condenatoria.
Pero esto dista mucho de ser real. Nuestras cárceles están llenas de culpables, pero también de inocentes.
Y mientras una parte importante y autorizada de la comunidad académica y de la propia judicatura se han decantado en favor del principio de presunción de inocencia, el clamor social se pone del lado de la prisión preventiva.
Y esto es así aún a pesar de que se ha demostrado que esta medida cautelar castiga más al ciudadano de a pie.
Por decirlo de alguna manera, el pueblo es víctima y victimario.
Parecen pesar más las experiencias propias o cercanas de víctimas de delitos que quedan impunes, que la de quienes están o tienen un ser querido en prisión acusado de un delito que no cometió.
Comparto con ustedes los datos de Irene Tello, Directora Ejecutiva de Impunidad Cero derivados de la Encuesta Ómnibus Nacional 2019.
Cuando se preguntó a 1,203 encuestados: ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente frase? “todos los delitos se deben sancionar con cárcel”, el 79% contestó que está muy de acuerdo o algo de acuerdo.
Y cuando se les preguntó su opinión respecto de la frase: “todas las personas deben estar en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa”, el 72% manifestaron estar muy de acuerdo o algo de acuerdo.
Contra la evidencia poco o nada se puede argumentar. Culturalmente, México sigue siendo un país de vocación punitiva.
“Primero fusílenlo, luego averiguamos” es una frase que tiene raíces profundas lejos de los círculos académicos y profesionales.
El mexicano le tiene aversión a la impunidad, a que el delincuente quede sin castigo. Y esa aversión es mayor que cualquier consideración que pueda tener por la presunción de inocencia.
En nuestra realidad social, todos los imputados gozan de la presunción de culpabilidad.
Es un tema complicado, álgido en este punto de la discusión nacional donde la razón y el argumento chocan con la pasión de un pueblo agraviado por jueces y ministerios públicos que dejan sin castigo a los culpables.
Hoy nuestras cárceles están sobre pobladas de mujeres y hombres (más mujeres que hombres), que no han recibido una sentencia. Y eso es violatorio de derechos humanos.
No habrá una solución mágica. Pero un buen comienzo es la visibilización y el escrutinio público a los juzgadores y a las fiscalías.
La judicatura y la representación social tiene la obligación ineludible de hacer su trabajo rápido y hacerlo bien.
Por eso creo que es necesario un nuevo pacto entre la sociedad y los operadores de nuestro sistema de justicia. Para que se comuniquen, para que dialoguen, para que se reconstruyan puentes de confianza a partir del recto proceder de funcionarios judiciales y ministeriales.
Por mi parte, desde el espacio de responsabilidad que me toca la prioridad es hacerlo todo rápido y hacerlo bien. Sin excusas.
Por eso, hace algunos días publiqué en mis redes sociales la siguiente frase de Francis Bacon:
“El juez debe tener en la mano el libro de la ley y el entendimiento en el corazón”.
*Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca
