De acuerdo con la ley, no han empezado las campañas políticas y los partidos, candidatos y cualquier persona, están impedidos para hacer actos públicos de proselitismo hasta que se inicie el período de campañas.
La propia ley prohíbe que los servidores públicos –no hace excepciones– apoyen a algún candidato o partido para no romper la equidad en la competencia.
Al dar a conocer los resultados de una encuesta que resultó “patito”, el presidente Felipe Calderón violó la ley porque su dicho favoreció a la candidata presidencial de su partido. Muchos creen que en su discurso del Día de la Bandera rectificó, pero lo cierto es que dijo de sí mismo que es un demócrata, seguirá actuando como tal y ni siquiera insinuó que había faltado a la ley.
Esos actos ilegales no tendrán consecuencias jurídicas para su autor puesto que el párrafo segundo del artículo 108 constitucional dice que “El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
Por eso mismo el presidente Calderón no fue sancionado en vísperas de la elección intermedia de 2009, cuando apareció en cadena nacional para ponderar no sé qué logros de su gobierno, pese a que el artículo 41 constitucional dispone que:
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.
A mí me parece correcto que el presidente goce de inmunidad mientras permanece en el cargo, pero no creo que la intención del constituyente haya sido otorgarle impunidad, o autorizarlo para que viole cualquier disposición constitucional, legal o reglamentaria, siempre que no incurra en un delito grave del fuero común ni cometa traición a la patria.
Se ha criticado la disposición del llamado “período intercampañas” porque suspende abruptamente el proselitismo iniciado en las precampañas; más aún, hay quienes consideran que ese precepto atenta contra la libertad de expresión, que no es lo mismo que prohibir la compra de espacios en los medios de comunicación. Pero mientras esté vigente, eta disposición seguirá siendo de observancia obligatoria.
El dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones de 2006, consigna que el presidente Vicente Fox hizo declaraciones a los medios de comunicación que “se constituyen en un riesgo para la validez de los comicios que se califican”.
No hay duda de que es ilegal que el presidente de la República intervenga en las elecciones; ¿pero es justo?
Algunos sostienen que no, y argumentan que en las “democracias avanzadas”, que para ellos son sinónimo de Estados Unidos, el presidente opera a favor de los candidatos de su partido y de sí mismo cuando busca reelegirse. Y pretenden que ese país es el modelo a seguir por el nuestro.
Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre ambos sistemas políticos. Allá se permite la reelección del presidente en una sola ocasión y de los representantes y senadores durante toda su vida. En México, como reacción a la dictadura porfiriana, la no reelección fue bandera de la revolución maderista, y se instaló en la mentalidad colectiva como requisito para la democracia y la paz interior. Obregón se reeligió después de un período intermedio, y antes de que tomara posesión fue asesinado por un fanático religioso, pero Calles entendió que el mensaje profundo era la no reelección del presidente de la República y los gobernadores de los Estados.
Una segunda diferencia es que los presidentes mexicanos acumulan un gran poder, incluso en la actualidad, y que si ese poder, se usa para influir en los electores, hace inequitativas las elecciones. Por eso la reforma política de 1996 retiró al gobierno del proceso electoral.
El presidente Calderón parece disfrutar de ese poder pero a menudo actúa como líder de su partido, pues considera que cualquier priista es “un peligro para México” ya que según la vox populi, aprendió de su padre que el causante de todas las desgracias nacionales es el PRI.
El problema es que todas las encuestas sugieren que Enrique Peña Nieto va a ganar las elecciones y que el PRI es el partido con más simpatías y menos recelos, lo que indica que puede ser mayoría en las cámaras legislativas. Estas previsiones, que para muchos políticos tienen el valor de oráculos, podrían inducir al presidente a endurecer la ofensiva, y aunque él quede impune, el riesgo para el resto del país podría ser muy alto.
FIN
