El juicio por presunta corrupción en contra de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, comenzó en Palma de Mallorca.
Cristina de Borbón se sentó en el banquillo acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido, en el denominado Caso Nóos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos.
Poco antes, la pareja había entrado a las dependencias habilitadas en Palma de Mallorca y no se detuvo ante las decenas de periodistas que esperan a las puertas del edificio, aunque la infanta saludó con un “hola” a los informadores.
Minutos antes habían llegado sus respectivos abogados, quienes, en la primera jornada del juicio, plantearán las cuestiones previas.
La defensa de la hermana del rey solicitará al Tribunal que la exonere de la acusación de delito fiscal porque considera que la única parte acusadora, el sindicato Manos Limpias, no está legitimado para sentarla en el banquillo.
La infanta está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido, y Manos Limpias pide que sea condenada a ocho años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la llamada doctrina Botín.
Esta jurisprudencia surge a raíz del proceso en 2007 contra el ex presidente del Banco Santander, el fallecido Emilio Botín.
Establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta, ya que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado presentaron cargos contra ella y sólo lo hizo la acusación popular de Manos Limpias.
Los abogados de la infanta, Miquel Roca, Jesús María Silva y Jaume Riutord, utilizarán este argumento y defenderán que la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587 mil 413 euros, según la Fiscalía, y de 168 mil 571 euros según los representantes legales de Hacienda.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de hasta 26 años, acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
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