* Le impone sanción por más de más de 2 mdp; no podrá ocupar cargos públicos en 12 años
La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno de Oaxaca inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos, al ex director del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), Cándido y le impuso una multa superior a los dos millones de pesos, al corroborar diversas irregularidades en el manejo financiero durante su cargo, en el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.
De acuerdo con la resolución de la Dirección de Procedimientos Jurídicos, bajo el expediente administrativo 1460/RA/2011, firmada por el licenciado Avelino Salvador Vásquez Díaz, “se determina que Vitálico Cándido Coheto Martínez, en el desempeño de sus funciones como director general del Cobao, es responsable de la falta a la función pública que se le imputa”.
Por ello le impuso una sanción económica de un millón 837 mil 585.92 pesos, por violar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.
Así también, la cantidad de 267 mil 622 pesos por la aplicación incorrecta a la partida presupuestal y falta de documentación comprobatoria, “resultando la suma de estos montos la cantidad de dos millones 105 mil 107.92 pesos, que debe realizarse a favor de la Hacienda Pública por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado”.
En la resolución fueron señalados también por el inicio de procedimiento administrativo, Alejandro Flores Pérez y María del Socorro Esperanza Gazga, quienes fueron colaboradores del ex titular del Cobao.
Entre otras cosas, Coheto Martínez fue sancionado por manejo irregular de los recursos financieros en pago de honorarios y los recursos otorgados a la Fundación Cobao.
Anomalías en los procesos de licitación y adquisición de bienes; irregularidades en el manejo de gastos de pago de personal; recursos otorgados en especie sin soporte documental.
El procedimiento administrativo en contra de Cándido Coheto, actual candidato ha diputado federal por el PRI, por el distrito IV con cabecera en Tlacolula de Matamoros, inició el 9 de agosto de 2012 y la conclusión y fallo le fue notificado el 28 de abril de 2014.
