El segundo informe anual de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, aporta los elementos suficientes para entender que su ingenuidad y falta de capacidad política condujo al Poder Judicial a la reforma judicial lopezobradorista que respondió a la lógica de la restauración del viejo régimen priista presidencialista.
Por enésima ocasión y siguiendo el razonamiento de sus aliados, la ministra Piña Hernández volvió con la cantaleta de que la reforma judicial fue una venganza personal del presidente López Obrador cuando la mayoría de los ministros se opuso a iniciativas muy concretas de interés específico del Ejecutivo federal.
Sin embargo, la palabra venganza no es una categoría política, sino se resume a un sentimiento. Es la hora en que los opositores a López Obrador siguen sin entender –o no quieren entender– que la propuesta del tabasqueño nunca fue de sentimientos, sensaciones o desafectos, sino que se trató de un proyecto de reorganización de la estructura del poder central que el ciclo neoliberal 1979-1982 había rediseñado para superar el modelo económico neoliberal, de mercado, empresarial y sobre todo de subordinación del proyecto nacional revolucionario-populista a los intereses productivos, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos.
El objetivo lopezobradorista, por ejemplo, de desaparecer la Policía Federal, crear la Guardia Nacional y adscribirla a la Secretaría de la Defensa centralizaba en el Ejecutivo el instrumento del poder armado que se había desperdigado en los convenios de seguridad con la Casa Blanca. Es probable que la Corte tuviera razones jurídicas para impedir ese proceso, pero el fondo del problema no era legaloide ni de venganza sino de replanteamiento de la doctrina de seguridad nacional y de defensa nacional que se había perdido con el Tratado de Comercio Libre, como lo previó el embajador estadounidense en México en 1991, el estratega del espionaje John Dimitri Negroponte, que de México pasaría a ser el encargado de la primera dirección de inteligencia nacional de la Casa Blanca.
El modelo neoliberal de la Madrid-Salinas-Zedillo-Peña Nieto desensambló la estructura del Estado y el gran arquitecto del neoliberalismo, Zedillo, reformó a la Suprema Corte para separarla de la estructura presidencialista del poder. La idea pudo haber sido democratizadora, pero la Corte comenzó a creer en serio su papel como poder autónomo, cuando todos sus ministros y funcionarios eran designados por el presidente de la República y su mayoría calificada en el Senado.
A la ministra Piña Hernández la convencieron de que los conceptos teóricos de independencia judicial y de poder autónomo del Estado eran de a deveras y funcionarios, asesores y consejeros la llevaron a confrontarla con uno de los presidentes de la República con más poder desde Luis Echeverría Álvarez. Sin embargo, la novatez política de la ministra Piña Hernández y la falta de una estructura opositora sólida que la fortaleciera se redujo solo a decirle no al presidente de la República en cuanto menos tres iniciativas clave de su proyecto, pero no la prepararon para la reacción presidencial.
López Obrador fue muy hábil en su capacidad de entender y manejar los instrumentos del poder sistémico: orientó toda su actividad a ganar la presidencia de la República y la mayoría calificada con los últimos estertores de instituciones del viejo régimen y cumplió los requisitos democráticos de hacer cualquier reforma para su proyecto restaurador. Ahí se dio cuenta la ministra Piña Hernández que el poder político del Poder Judicial era inexistente porque no tenía autonomía de origen.
En este sentido, la reforma judicial de López Obrador no fue una venganza, sino un objetivo de reconstrucción de los órganos de poder del sistema político priista vigente para reconsolidar la centralidad del Poder Ejecutivo, es decir, la restauración del presidencialismo que diseñó la Constitución de 1917 a 1982 y que de la Madrid-Salinas-Zedillo-Peña Nieto reformaron para intentar crear un régimen democrático de instituciones, pero sin que existieran las instituciones democráticas. Bastó la decisión mayoritaria de López Obrador para reformar el Poder Judicial no como venganza sino como instrumento de poder dentro de la reconstrucción del sistema/régimen/estado/Constitución neopresidencialista.
La opción de la ministra Piña Hernández de buscar la independencia y la autonomía del Poder Judicial no era mala, pero careció de una oposición con espacios de poder. La ingenuidad de suponerse el poder autónomo fue el error histórico de la presidenta de la Corte.
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Política para dummies: la política es una disputa por el poder desde el poder.
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