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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigara posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determinara las responsabilidades correspondientes por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
El organismo sostuvo que la determinación respondió exclusivamente a su obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, “sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión”.
Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión.
El Instituto afirmó que mantuvo una política de “cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”.
La denuncia se presentó en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y relaciones con proveedores durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
Por separado, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales contra servidores públicos, exfuncionarios y personas morales.
Mediante el oficio INE/OIC/0209/2026, reportó posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
También informó que ocho servidores y exservidores públicos, además de una persona moral, fueron emplazados a audiencias iniciales por presuntas faltas administrativas graves.
Las acciones ocurrieron después de la renuncia de Taddei Zavala, presentada el 26 de octubre, y de los señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos y relaciones con proveedores, entre ellos José Alfredo Hernández Casillas.
Como parte de las medidas de revisión, el Consejo General acordó solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización de las adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo 2016-2026.
También aprobó preservar documentación física y electrónica, integrar un inventario de adquisiciones, revisar el padrón de proveedores y elaborar un plan para garantizar las contrataciones necesarias para las elecciones de 2027.
