Desde 1990 comenzó, de manera formal, a construirse lo que era una larguísima aspiración: la democratización de México. Hoy, treinta y tres años después, todo esto parece terminar en fracaso.
Por las Reformas a la Constitución en materia electoral, de 1990, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que diera certeza, certidumbre, transparencia y legalidad a las distintas elecciones políticas en México, además de otras atribuciones de lo electoral, cultura democrática y fortalecimiento del sistema de partidos.
Desde entonces, luego de muchos avatares, de luchas, confrontaciones y ambiciones políticas, pero también de avances, el IFE, (luego INE, 10 de febrero de 2014) se mantuvo como una institución autónoma y plural, para garantizar que ya caminábamos sobre terreno seguro en la consolidación de nuestra democracia. Un organismo autónomo que reconoció, con toda certeza y autoridad, el triunfo de la coalición “Juntos haremos historia” en julio de 2018.
Hoy, a manos del gobierno de la 4-T, todo parece estar perdido gracias a sus manipulaciones políticas que llevaron a que cuatro consejeros recién desempacados y afines a esa misma 4-T, sin pudor alguno y sin la imparcialidad prometida, sean éstos los que deciden lo que habrá de ser el futuro de nuestra democracia, del respeto a nuestro voto y de nuestro país.
Jorge Montaño Ventura, quien fuera fiscal de Delitos Electorales de Tabasco y quien, luego, pugnó a favor de la reforma electoral (Plan B) del presidente de México-4-T. Rita Bell López Vences, quien se presenta como maestra en dirección y gestión pública y ha sido consejera electoral en el Estado de Oaxaca.
Arturo Castillo Loza, maestro en sociología y quien ha trabajado en el INE como técnico en actualización geográfica y vocal del Registro Federal de Electores. Y Guadalupe Taddei Zavala, licenciada en Administración Pública, quien llegó al INE luego de ser consejera presidenta del Instituto Electoral en Sonora y comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia.
Los cuatro fueron designados por la mayoría de Morena en el Congreso, a propuesta de Palacio Nacional y, por lo mismo, apoyan a la 4-T. Bien si fuera por convicción política y no por lo que parece ser una ambición de ser y estar en una Institución, que en otras condiciones daba lustre y respetabilidad a sus integrantes.
Por supuesto hay consejeros en el INE que aún mantienen el vigor y la ilusión por la democracia a partir de su experiencia, de su objetividad y pluralidad. Pero hoy sabemos que esto no cuenta si otros quieren obedecer y callar, como ocurrió apenas el 28 de julio pasado.
En un fallo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ese miércoles por la tarde y con dos votos en contra y uno a favor del estudio y dictamen realizado por la presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, quien lo presentó luego de un estudio de campo riguroso, en el que se analizaron los discursos y actividades proselitistas de las cuatro corcholatas –y dos más-:
Se observó con pruebas y análisis que estos actores políticos –Corcholatas- sí están cometiendo actos de campaña fuera de los tiempos legales. Y haciendo eventos francamente en favor de un partido y sus aliados así como con promesas de gobierno y compromisos del tipo electoral. Es decir, hay ilegalidad ahí, en esos eventos.
Pero no es así para los dos consejeros: Rita Bell, personaje de origen oaxaqueño (‘Si Juárez no hubiera muerto”) y Jorge Montaño; para ellos no hay asomo de ilegalidad ni nada fuera de lo normal. Lo único anormal parece ser su propia actitud que evidencia que la democracia y la legalidad es lo de menos: “¡No me vengan con que la ley es la ley!”. Y eso: a obedecer y callar.
Pues eso: ahí está el inicio de lo que Morena y Palacio Nacional han denominado “Plan C” luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anulara el famoso “Plan B”, que restringía los espacios democráticos y prácticamente anulaba al INE. Ya no es necesario anularlo: ya lo tienen cooptado.
Es lamentable, pero sobre todo un serio peligro para el proceso electoral de 2024 que el INE funcione en estas condiciones y bajo este sometimiento de los cuatro consejeros consecuentes con quienes los llevaron ahí, y lo hacen aun si fuera en contra de la lucha democrática de México, y aun en contra de la transparencia, la legalidad, la objetividad, la pluralidad y el rigor puntual del bien hacer electoral.
Hoy, así, sabemos cómo operaría este Instituto, ya no tan autónomo en el año de las elecciones en las que la 4-T ya pone todo el mecanismo y recursos de Estado (nuestros recursos) para mantenerse en el gobierno y preservar la 4-T: ¿Es eso lo que prometieron? ¿Es eso lo que queremos los mexicanos? ¿No que ya no son como antes?
Y esto porque sí, muchos mexicanos queremos que se consolide la democracia en México, que el gobierno –cualquier gobierno- no abuse de su poder para imponer, para manipular, para saltarse las trancas de la legalidad y de la transparencia en lo político y en lo electoral.
Si, y a pesar de las descalificaciones cotidianas, muchos mexicanos pensamos que un gobierno de izquierda aún hace falta. Queremos un gobierno de izquierda, de a de veras, Un gobierno de equilibrio, de democracia, de participación ciudadana en libertad, de justicia, igualdad, y bajo el criterio de la decisión propia. Con instituciones respetadas y respetables.
Hoy, lo construido en tantos años en el INE comienza a caer y pronto será olvido para muchos. Para muchos otros no, porque ahí estuvo la gran posibilidad de democrática de México. Ni más, ni menos.
