A 50 días de que se hiciera cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade ha quedado a deber… todo.
Ninguna de las tareas a las que se comprometió el día que el Presidente Enrique Peña le tomó protesta se ha cumplido.
La principal encomienda que le instruyó Peña fue que investigara si existía un conflicto de intereses en la adquisición de la llamada “Casa Blanca” a Grupo Higa y en la venta que el mismo consorcio le hizo a Luis Videgaray de una residencia en un club de golf en Malinalco.
Hasta el momento, la SFP no había informado del resultado o avances de esta indagatoria, la cual estaría dividida en tres fases.
La primera sería revisar todos los contratos otorgados a Higa en la Administración; la segunda, la revisión patrimonial de Peña, Videgaray y Angélica Rivera, y la tercera, determinar si los funcionarios que asignaron directamente los contratos incurrieron en alguna falta.
Asimismo, Peña encargó a Andrade crear una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, que aún no ha sido designada.
La SFP también ha incumplido la encomienda de emitir reglas de integridad, así como establecer protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios responsables de decidir en los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
Consultada por REFORMA sobre el tema, la SFP rechazó emitir un pronunciamiento.
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