El mes pasado, en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto repitió la “verdad histórica” de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años: que fueron cremados en el basurero de Cocula. Pero la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso– lo desmiente: el presidente “dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.
La abogada y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago está tan sorprendida como amplios sectores de mexicanos por las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cuatro años en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No lo entiendo. Él dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió”, afirma Buitrago sobre las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Y no lo entiende porque ella fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante un año la desaparición de los estudiantes y cuyas indagaciones desacreditaron la “verdad histórica” que ahora repite Peña Nieto: que una organización criminal incineró a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Hay elementos para decir que eso no ocurrió, muchos más que para decir que sí ocurrió. Entonces, ¿para qué me meto yo a decir con esa seguridad algo que no está respaldado por las evidencias?”, plantea la exfiscal colombiana.
En entrevista, Buitrago sostiene que las afirmaciones de Peña Nieto “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”. Las contradice el material probatorio, sostiene. Y asegura que nadie puede llegar a una conclusión como la que formuló el presidente “porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.
Para la exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
El pasado 29 de agosto, en un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto afirmó que la PGR encontró “evidencias claras y contundentes” de que los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron “incinerados por un grupo delincuencial (Guerreros Unidos) que operaba en el estado Guerrero”.
Días antes había dicho en una entrevista con Televisa que incluso en conversaciones y mensajes interceptados por autoridades estadunidenses a los jefes de Guerreros Unidos en Chicago el 27 de septiembre de 2014 y días después “se confirma qué hicieron con los estudiantes” pues esos delincuentes –según Peña Nieto– dijeron: “Los quemamos en el basurero”.
Buitrago refuta al mandatario y recuerda que en los mensajes interceptados en Estados Unidos los delincuentes “nunca dicen que (los normalistas) fueron quemados” y “lo único que preguntaban es quién tenía a los muchachos, quién se los llevo y dónde están”.
La doctora en derecho señala que las transcripciones de esas grabaciones, que las autoridades de Estados Unidos entregaron a la PGR, fueron mostradas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado y ella las conoció.
“Salvo que haya otras interceptaciones que no han sido mostradas a la CIDH, es evidente que en las conversaciones que yo conocí, y que en su mayoría son de conocimiento público, ninguno de los de Guerreros Unidos que hablaban sabía dónde estaban los muchachos”, asegura.
Dice que “entonces no se puede concluir que ellos sabían algo del paradero de los estudiantes y mucho menos que alguien había dado la orden de incinerarlos en el basurero de Cocula”.
La CIDH, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada además por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago “confirmaron algo que ya sabíamos nosotros, que los muchachos fueron separados en dos grupos”, señala Buitrago.
“Sabemos que un grupo de estudiantes fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la policía de Huitzuco está comprometida”, asegura.
Además, agrega, todos los peritajes que se hicieron en el basurero de Cocula indican “que no se puede afirmar ninguna actividad de quema de 43 cuerpos”.
Aclara que “nadie dice que allí no haya habido quema de cuerpos, lo que se está diciendo es que hubo quema que no coincide con la fecha de los hechos de los muchachos y que había restos humanos que no son de los muchachos”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
De acuerdo con Buitrago, hay muchos elementos probatorios que son “totalmente contrarios a la afirmación del presidente de que ‘ahí se quemaron los muchachos’”. Además, señala, “me parece que no hay necesidad de decir algo que todavía tiene tantas inconsistencias desde el punto de vista investigativo”.
Doble victimización
Buitrago viajará a México la semana que empieza para participar en los actos conmemorativos a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en una reunión con el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció que se reabrirá el caso.
Encinas dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y la identidad de sus agresores, aunque su labor a menudo fue obstaculizada por el gobierno de Peña Nieto.
Los cinco integrantes del GIEI –Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado colombiano Alejandro Valencia, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain– participarán este miércoles 26 en un encuentro entre López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Buitrago dice que los expertos del GIEI están “en la mejor disposición de colaborar con el próximo gobierno mexicano en lo que nos solicite para desarrollar una investigación tan compleja y dura como ésta”.
Considera que la decisión de López Obrador de reabrir el caso Ayotzinapa para buscar la verdad y la justicia que se les ha negado a los familiares de las víctimas durante cuatro años “es un tema de sanidad social”.
La abogada penalista y especialista en ciencias criminológicas considera que si este tipo de crímenes atroces no se resuelve, “la misma impunidad puede generar prácticas similares”.
Afirma que “la negación y la impunidad acaban generando más violencia, y por eso es sano ir hasta la médula en la investigación de estos casos”.
Llegar a la verdad, dice, permite a los países diseñar políticas preventivas y de control para salvaguardar derechos fundamentales.
“No son sólo 43 los que han desparecido en México. La desaparición de personas, tanto en México como en Colombia, es un fenómeno muy serio que genera alarma en nuestras sociedades”, asegura.
En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 80 mil 514 desaparecidos en los últimos 60 años, casi cuatro por día.
Buitrago dice que esa tragedia que viven los dos países sólo va a encontrar solución si se detectan y solucionan los factores que la provocan. Y por eso, agrega, es tan importante llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.
Recuerda que la investigación de la PGR fue tan deficiente desde el principio, que el mismo gobierno mexicano aceptó que la CIDH creara un grupo de expertos que coadyuvara en las indagaciones, aun después de que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lanzara la “verdad histórica”.
Según esta tesis, los normalistas fueron confundidos con integrantes de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos, y por eso fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Pero en el gobierno sabían que había cosas que no coincidían, que había elementos que no se habían investigado. Por ejemplo, la participación de la policía de Huitzuco en estos hechos y la posibilidad de que un grupo de estudiantes haya sido trasladado a Huitzuco. Esto ya es contundente en la investigación: los grupos fueron separados”, indica Buitrago.
Dice que por eso es imposible concluir lo que concluyó Peña Nieto: que todos los estudiantes “fueron al mismo lado”, es decir, al basurero de Cocula.
Señala que las evidencias que contradicen las afirmaciones del presidente no sólo son parte de la investigación del GIEI, sino que fueron la base del fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con base en Reynosa, Tamaulipas, que desacredita la investigación de la PGR y ordena crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.
La exfiscal colombiana recuerda que el tribunal federal determinó que los elementos probatorios que llevaron a la PGR a proclamar la “verdad histórica” son inexistentes, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura y violando derechos fundamentales.
“Jurídicamente, los elementos en que se basó la ‘verdad histórica’ han sido erradicados del proceso (del caso Ayotzinapa) y no hay posibilidad de que nadie, por esas declaraciones, acepte que esos hechos pudieron haber sucedido así”, asegura.
Dice que, por eso, después de las declaraciones de Peña Nieto sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula ella queda “con un sinsabor”.
“Y el sinsabor es que, si no hay elementos nuevos que te confirmen esa teoría (de la incineración de los 43), pues la teoría no puede estarse pregonando. Yo me pregunto: ¿en qué basa (Peña Nieto) su afirmación? Y la respuesta es: no sé”, indica Buitrago.
La integrante del GIEI considera que la declaración del presidente es “revictimizante” para los padres de los estudiantes desaparecidos.
“Cuando tú le dices a alguien que tiene un ser desaparecido algo que le remueve el dolor y que es de esa magnitud, tienes que tener la certeza absoluta de que es así, porque lastimas y revives ese episodio cuando ya los padres han tratado de superarlo”, asegura.
Los padres, dice, “están anhelando que se investigue realmente y que se llegue a la verdad, y si se vuelve a la misma historia de hace cuatro años, pues es lógico que ellos digan: ‘¿Por qué nos devolvimos?’.”
Esta entrevista se publicó el 23 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
