Existe un falso debate respecto a la autonomía de los municipios, porque éste intenta llevarse al plano de la extraterritorialidad o de que éstos son totalmente inmunes frente a los ámbitos de gobierno estatal y federal. No sólo no debería ser así, sino que, en el propio marco del respeto a la división de poderes, y a las obligaciones constitucionales del Ejecutivo estatal, no deberían permitirse muchos de los excesos que diversos gobiernos municipales cometen en contra de los ciudadanos.
En efecto, se ha convertido una auténtica pesadilla para los habitantes de la capital oaxaqueña, transitar por la gran mayoría de los más de veinte municipios conurbados a la capital. En varios de ellos, ya es una especie de leyenda (realidad) negra el actuar excesivo de los agentes de policía o de vialidad, independientemente de las arbitrariedades que cometen otras autoridades municipales —presidentes, síndicos, regidores, inspectores y funcionarios municipales— en contra de la ciudadanía, al cobrarle ilegalmente contribuciones o imponerles sanciones para las que no están facultados.
En docenas de casos, en redes sociales se documentan cotidianamente los excesos que cometen al amparo de su supuesta reglamentación municipal, o peor aún de la supuesta autonomía municipal. Así, hemos visto cómo elementos de las corporaciones municipales privan ilegalmente de la libertad, y sin mediar explicación o razonamiento alguno, a ciudadanos que están reclamando por lo que consideran una violación a sus derechos; cómo han hecho cosa de todos los días la instalación de retenes con fines eminentemente recaudatorios en contra de automovilistas o motociclistas; o cómo incluso imponen sanciones y retienen documentos vehiculares, cuando esta es una conducta expresamente prohibida por la legislación vigente en la entidad oaxaqueña.
Hasta ahora, todo esto ha pasado inadvertido por la autoridad estatal, que simplemente ha decidido no ver, ni involucrarse, frente a este tipo de conductas que cada vez son más reiteradas y, sobre todo, más descaradas por parte de las autoridades municipales. El Gobernador del Estado no se ha referido una sola vez al tema, y la Secretaría de Gobierno, dependencia encargada de la política interna de la entidad —cuestión genérica entre la que se encuentra la relación institucional con los municipios—, parece haber estado demasiado ocupada atendiendo conflictos y malabareando frente a la convulsa realidad oaxaqueña, que para el ámbito estatal es simplemente un problema inadvertido, cuando sí debería ser su responsabilidad atenderlo.
Y es que parece increíble, pero es cierto. Quien estuvo encargada del tema como subsecretaria de Fortalecimiento Municipal, Yesenia Nolasco Ramírez, paradójicamente botó el cargo para buscar la candidatura morenista para la presidencia municipal de Salina Cruz, aún frente al rechazo ciudadano por no ser ni siquiera nativa de esa demarcación.
Ahora bien, el artículo 80 de la Constitución del Estado, señala en su fracción II que son obligaciones del Gobernador del Estado, entre otras, “Cuidar del puntual cumplimiento de esta Constitución y de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las órdenes correspondientes”. Ello, como de forma literal señala el mandato constitucional, lo obliga primero a cumplir él la ley, y también vigilar que los demás la cumplan. Incluidas las autoridades municipales.
Lamentablemente, la permisividad que han demostrado hasta ahora los funcionarios estatales encargados de hacer cumplir la ley en la entidad, parece haber estimulado la estratagema en la que han caído los presidentes municipales de diversas municipalidades conurbadas a la capital, de suponer que su autonomía los excluye del cumplimiento de las leyes estatales, y los protege frente a los evidentes abusos que diariamente cometen en contra de los ciudadanos. Pareciera, pues, que el Secretario de Gobierno Jesús Romero está pintado frente a los munícipes, que se creen con patente de corso para actuar al margen de la ley en sus demarcaciones.
DESDÉN POR LO MUNICIPAL
Nadie habla, y a nadie le interesa, abordar la problemática municipal desde el Gobierno del Estado. Se atiende la problemática social y la conflictividad de algunos municipios, y se premia o se castiga a ciertos munícipes según la relación y la conveniencia política con el gobierno estatal. Casos evidentes de ediles premiados y castigados, los tenemos en los Valles Centrales por montones. El problema es que en medio están estamos ciudadanos.
Pasa todos los días que las policías viales o municipales de diversos municipios instalan retenes que no cumplen con la normatividad estatal, y además infraccionan a los particulares con reglamentos ilegales —porque en la mayoría de los casos no cumplen con los requisitos de forma o de fondo para gozar de existencia y validez jurídica—, pero además infringiendo flagrantemente la legislación estatal.
¿Acaso no saben que en el artículo 25 de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca se establece lo siguiente?: “En ningún caso se asegurarán como garantía de pago de las infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan esta ley o su reglamento, salvo que se trate del servicio de transporte público, el cual estará sujeto a lo dispuesto por la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. El derecho que tienen los conductores a no ser desposeídos de los bienes a que se refiere el presente Artículo, es irrenunciable.”
El problema es que lo hacen porque nadie les pone un alto. Esa tarea se la dejan a los ciudadanos, que frente a esas arbitrariedades —entre muchas otras que cometen a diario las autoridades municipales— deben terminar acudiendo ya sea a los tribunales administrativos, o ante los jueces de amparo, para que revoquen esos actos ilegales.
¿Acaso son tantos los débitos políticos para tolerar tanta ignominia? ¿Acaso creen, tanto en el gobierno estatal como en los municipios, que esos excesos no tienen un costo político? ¿No les importa vivir en el descrédito y en la ilegalidad frente a la voracidad recaudatoria? ¿Acaso los municipios no tienen formas menos agresivas, legales e incluso ingeniosas para hacerse de mayores recursos, pero sin escupirle en la cara al ciudadano?
Si no se aborda eso, mucho menos se piensa en aquella vieja necesidad relegada al olvido, de crear en la capital una auténtica zona metropolitana que aborde con equilibrio y estándares similares todos esos temas que son comunes a los más de veinte municipios conurbados a la capital. Porque a los excesos, hay que sumarle las deficiencias en diversos temas. Ahí están, presentes en todos los municipios aledaños a la ciudad, los mismos problemas de delincuencia, ambulantaje, la falta de agua potable, la ingobernabilidad en la vía pública y el repugnante problema de la basura.
El problema es que todos lo siguen viendo como asuntos aislados, y pareciera que todos tienen cuestiones más importantes que atender. De entre todas ellas, las definiciones políticas y los manotazos electorales, están en la cima de todas sus preocupaciones.
EPITAFIO
Luis Alfonso Silva Romo, Liz Arroyo, Francisco Martínez Neri —y el propio Jesús Romero, que se quedó a un acuerdo político de lograr la candidatura morenista por la capital en 2021— y toda la cauda de aspirantes a la presidencia municipal de la capital, hablan de todo menos de eso. Qué va. Eso no es rentable, ni los hace quedar bien frente a la feligresía del oficialismo morenista. De los grises aspirantes opositores no se sabe más que de sus sueños trasnochados de grandeza, y de los oprobiosos brincos y traiciones entre unos y otros. Lamentable.
@ortizromeroc
@columnaalmargen
