El gobierno ahora trata de justificarse y finge sorpresa, cuando es su responsabilidad cumplir la ley para atender a los damnificados. Lo que le falta a este gobierno es voluntad y decisión para apoyar a la gente en vez de andar buscando pretextos y justificaciones tardías dijo Carol Antonio Altamirano.
La simulación del gobierno para eludir su responsabilidad es una trampa inaceptable por las siguientes razones:
1.- En la discusión de los ingresos y de los egresos siempre participaron funcionarios de la Secretaría de Finanzas, específicamente el subsecretario Gustavo Marcelo Benecchi, con quien se acordaron cada uno de los artículos del Presupuesto, y quien participó en la discusión representando al Ejecutivo y con el aval de la mayoría del PRI.
Lo que quieren hacer es una justificación tardía, fingiendo sorpresa como si ellos nunca hubieran participado en la discusión y en los acuerdos, después de ocho meses de aprobados los ingresos y los egresos.
2 La Ley en materia de Disciplina Financiera, que ahora invocan los funcionarios haciéndose los sorprendidos estaba vigente en el 2017, por tanto, si algo tenían que decir en contra, tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Si hubiera sido real su preocupación hubieran objetado el acuerdo o propuesto su modificación en esa oportunidad.
3.- La Comisión de Presupuesto, consciente de que era necesario darle un margen al gobierno para ajustar su proyecto, aceptó una cláusula habilitante al Ejecutivo, precisamente para evitar que este no argumentara algún tipo de dificultad técnica con posterioridad.
En el artículo 6 transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos se facultó a la Secretaría de Finanzas para realizar los cambios correspondientes y se le dieron 30 días para informar de ellos al Congreso.
Eso significa que los funcionarios de la Secretaría de Finanzas todavía tuvieron un segundo momento para hacer ajustes en favor del equilibrio presupuestario y que la responsabilidad de hacer los ajustes siempre le correspondió al Ejecutivo, por lo que es una mentira decir que la responsabilidad es del Legislativo.
- Por otra parte, la Ley de Disciplina Financiera prevé excepciones para el balance presupuestario y una de esas es exactamente en caso de un desastre natural de tal magnitud que hiciera que los costos de reconstrucción de los daños que genere sean tan elevados, que el presupuesto aprobado no alcance para cubrirlos.
Eso significa que aun en el caso que el gobierno estatal hubiera gastado el dinero aprobado y el monto fuera insuficiente, es posible justificarlo legalmente.
- Lo más grave es que al mismo tiempo en que oculta y se niegan los recursos para los damnificados, el gobierno actúe con una irresponsabilidad y falta de sensibilidad nunca antes vista, al aumentar el gasto en Servicios Personales (nómina, viáticos, gastos administrativos, etc.)
Eso pone en claro que para el gobierno es más importante pagar la nómina estatal que atender a los afectados por el sismo.
Según el informe de Cuenta Pública del primer trimestre del 2018, página 112, con el título clasificación por tipo y objeto de gasto enero marzo 2018 se muestra lo siguiente:
Aprobado para 2018 Devengado
- Servicios personales $ 943,130, 143.29 $975,939,175.92
Eso es inaceptable. Quiere decir que en el primer trimestre de este año este gobierno ya se acabó todo el presupuesto de Servicios Personales de todo el año, e incluso más.
El insulto a los oaxaqueños es doble: Por una parte, el gobierno no ejerce el presupuesto de inversión destinado a los damnificados, incluso ignorando que tuvo en todo momento la posibilidad de hacer los ajustes necesarios, sea en el momento de la aprobación o 30 días después. Y, por otra parte, el gobierno del Estado gasta a manos llenas en servicios personales.
Es una burla del gobierno y de los funcionarios de Finanzas, desconocer lo acordado y publicado en el Presupuesto. Su supuesta justificación por el balance presupuestario es una hipocresía, porque el Congreso les dio el instrumento para hacer que ellos, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, hicieran el ajuste correspondiente.
La responsabilidad del gobierno es absoluta, y lo que hace falta es voluntad política del gobernador para dar las instrucciones que resolverían el problema de fondo.
Lo que hace falta es controlar el gasto corriente y poner orden en las nóminas, al mismo tiempo, dejarse de pretextos y usar los recursos aprobados y publicados en beneficio de los damnificados.
Dip. Carol Antonio Altamirano
