A 45 años de la “Guerra Sucia” no se ha iniciado ninguna acción judicial en contra de los responsables, lo que “contribuye a laimpunidad en México” y es necesario que se rindan cuentas de las ejecuciones ilegales de esa época y en la actualidad.
Esta situación de impunidad es considerada como el “talón de Aquiles” del actual sistema, afirma Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, como parte de las conclusiones de su visita a México, realizada del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.
El relator señaló que de acuerdo a información de algunos sobrevivientes de las masacres de 1968 y 1971, se ha desistido del proceso para hacer justicia, establecer la verdad y reparar el daño a las víctimas y sus familiares, esto se suma a que la mayoría de esos delitos ya prescribieron.
Ese es el caso del hijo de Diego Lucero, fundador de la liga 23 de Septiembre y asesinado en 1972, que informó que hasta la fecha no se ha recibido una respuesta del Estado, esto a pesar de que en el 2000 el gobierno estableció una Fiscalía especializada para investigar y formular cargos de este periodo.
Esta Fiscalía forma parte, desde 2002, de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, México presentó una declaración interpretativa en la que indicaba que la Convención se aplicaría a los crímenes ocurridos después de 2002, por lo que muchos de los delitos cometidos en esa época se consideran extintos.
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