* En dos casos, se atribuye la impunidad al hecho que involucran a empresarios, políticos y servidores públicos que han militado en las filas del PRI-gobierno. Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas considera traición que pretendan detenerlo.
* No hay ningún avance en el asesinato del médico Miguel Ángel Martínez Cruz, y la Jueza de Control de Ejutla de Crespo, Mónica Alejandra Ramírez Reyes, pretende liberar a dos probables asesinos detenidos por el homicidio de la hermana y tía del periodista Edgar Leyva Mendoza.
(A nuestros amigos Tico Gómez, padre e hijo, y a Caty, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de doña Linda, igualmente lo hacemos con la esposa e hijos de don Alfonso Rule Dorman, familiares y amigos. Descansen en paz. Abrazo fraterno y solidario a todos)
En cumplimiento de su insoslayable obligación de combatir la comisión de los delitos, la Fiscalía General del Estado ejecutó orden de aprehensión contra probable responsable del feminicidio de Guadalupe Abigail Reyes Ortiz, en Salina Cruz.
Es una buena nueva en medio de la creciente inseguridad y cada vez más brutal violencia, hecho que demuestra que sí se puede combatir la violencia contra las mujeres en general y particularmente, los feminicidios.
Sin duda, este tipo de positivas y acertadas acciones de las autoridades debe ser reconocido públicamente. Sin embargo, menester es recordar al Fiscal Arturo de Jesús Peimbert Calvo que siguen impunes varios casos emblemáticos.
En dos casos, se atribuye la impunidad al hecho que involucran a empresarios, políticos y servidores públicos militantes del PRI-gobierno. Francisco Javier Montero López, ex secretario de Asuntos Indígenas, considera traición del Gobierno de Oaxaca que pretendan detenerlo.
Después de tres años todavía, no se aprehende a todos los probables responsables intelectuales y materiales del ataque con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos Ortiz, oriunda de Huajuapan de León.
En este caso, solamente está sujeto a proceso el empresario gasolinero y ex diputado local priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como el presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos.
El ex presidente municipal de Silacayoapam, posteriormente, fue diputado local en la 63 Legislatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante estos avances, sin embargo, todavía queda pendiente la detención de su hijo Juan Vera Hernández, quien fue señalado por María Elena Ríos como uno de los cabos sueltos en la investigación, a pesar de estar comprobada su participación.
Además de Carrizal, otros tres hombres fueron detenidos por su probable colaboración en el delito de tentativa de homicidio. Rubicel “R” y Ponciano “N”, hijo y padre, fueron los primeros detenidos y quienes señalaron al ex diputado de haberlos contratado.
El siguiente en ser asegurado por las autoridades oaxaqueñas fue Rubén, alias “El Charles”, quien fue vinculado a proceso por supuestamente haber entregado el producto químico a los presuntos responsables del ataque.
Es la misma impunidad en el caso de la fotorreportera María del Sol Cruz Jarquín, asesinada hace tres años al lado de la candidata a concejala de Juchitán de Zaragoza, Pamela Zamari Terán Pineda, y el chofer Adelfo Guerra Jiménez.
La planilla de la Coalición Todos por Oaxaca integrada por el PRI, PVEM y PANAL, era encabezada por Hageo Montero Lopez, hermano del entonces Secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López.
María del Sol trabajaba en esa la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno de Oaxaca como jefa del departamento de Comunicación Intercultural Indígena. Fue comisionada por Francisco Javier Montero López a cubrir la campaña de su hermano Hageo
Después de la Semana Santa de 2018 los subdirectores –no incluía a María del Sol– dejaron de recibir sus bonos porque presuntamente se destinarían a la campaña del hermano de su jefe.
María del Sol al principio se negó. “Si no vas, entonces dejas el trabajo”, recibió como respuesta, y optó por mantener su empleo. Se instaló en el hotel Santo Domingo del Sur y se dedicó a hacer la propaganda, camisas, gorras, a tomar fotos y a promover a Hageo Montero en redes sociales.
Francisco Javier Montero renunció a la SAI. Hageo fue castigado con una multa de 90 mil pesos por el delito electoral de usar recursos públicos en su campaña.
Soledad Jarquín, madre de Marisol, denunció que no había pagado la multa porque las autoridades no lo encontraban en su domicilio, aunque era localizable en las oficinas del cabildo de Juchitán.
Aún se desconoce el resultado de la investigación de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por el probable delito de desviación de recursos de la Secretaría de Asuntos Indígenas por Francisco Javier Montero a la campaña de su hermano Hageo.
Otro caso que permanece en la impunidad prevaleciente es el del médico especialista en otorrinolaringología Miguel Ángel Martínez Cruz, hijo del líder histórico del movimiento magisterial Pedro Martínez Noriega.
A dos años del secuestro y asesinato, ocurrido en Salina Cruz el 31 de mayo de 2019, extraña e inexplicablemente no hay ningún avance en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado aun cuando se siguen varias pistas.
Es la misma situación de impunidad que existe en el asesinato de la hermana y tía del periodista Edgar Leyva Mendoza, director del portal digital Urbano 24 Horas. Rosa Isela Leyva Mendoza y Antonia Bernarda Guzmán Díaz.
Los dos probables asesinos detenidos, de cinco involucrados en el doble asesinato, I. M. V., alias “El Tatuado” y P. D. G., alias “El Licenciado”, están a punto de ser liberados por la Jueza de Control de Ejutla de Crespo, Mónica Alejandra Ramírez Reyes, presuntamente vinculada a una mafia que libera delincuentes.
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