El senador Benjamín Robles Montoya consideró que si bien la técnica de fractura hidráulica para la extracción de petróleo y gas shale debería ser prohibida, por el momento es importante contar con la información adecuada para conocer los efectos ambientales y contra la población de esta técnica.
Al fundamentar su iniciativa para modificar la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el senador del PRD sostuvo que la inconformidad frente a la práctica del fracking implica verter 260 sustancias químicas que contaminan el agua debido a fallos en la integridad del pozo y a la migración de las sustancias tóxicas a través del subsuelo.
Al respecto propuso:
“La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente se obligue publicar qué es lo que está pasando en este tema. Presentar los resultados ambientales que se obtengan por la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica, dando a conocer, por ejemplo, por perforación o por área de perforación de pozos, cuál es el volumen de agua que se está utilizando, la procedencia, el destino final y la situación de agua utilizada, cuál es el volumen de sustancias químicas y otras que se están usando y cuáles son las empresas responsables de la explotación y exploración en dichas áreas”.
Además esta técnica presenta una rentabilidad atractiva únicamente cuando el precio del barril es de 80 dólares, por lo que en las actuales circunstancias las compañías petroleras buscan la reducción de los costos de mano de obra y la falta de regulación ambiental, lo cual podría ocurrir en México con la llamada Reforma Energética.
Robles Montoya argumentó que diversas organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking precisan que hay 940 pozos de extracción en territorio nacional, de los cuales 349 están en Veracruz y 172 de manera particular en la zona de Papantla.
Reiteró que lo ideal sería prohibir el fracking, pero mientas ocurre eso “es urgente y necesario también establecer legalmente el acceso a la información exacta de lo que está pasando con los pozos petroleros que se viene perforando en el país”.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Energía y Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
