Una jueza del Tribunal Superior brasileño rechazó ayer una moción para permitir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva asumir un puesto en el gabinete, un nombramiento que haría más difícil procesarlo, mientras que la policía hizo varias detenciones en un escándalo de corrupción que amenaza con derribar a Lula y decenas de otros políticos importantes.
La jueza Rosa Weber denegó las mociones del gobierno para revocar una decisión de la semana pasada de otro juez del Tribunal Superior, quien impidió a Lula convertirse en el jefe de gabinete de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff.
La decisión de la semana anterior también transfirió la investigación contra Lula de vuelta a un tribunal inferior que ha dirigido la misma.
No se espera una decisión final sobre si Lula puede asumir su rol hasta que el Tribunal Superior en pleno se reúna de nuevo la siguiente semana. No hay sesiones programadas esta semana debido a las vacaciones de pascua.
En tanto, la policía se dirigió a una de las empresas de construcción más grandes del hemisferio como parte de una investigación centrada en el presunto pago de sobornos en el gigante petrolero estatal Petrobras.
Las autoridades brasileñas llevaron a cabo allanamientos y detenciones en todo el país vinculados con la enorme empresa constructora Odebrecht, una de las compañías en el centro del escándalo de Petrobras. Los investigadores acusan que la corrupción era tan profunda en la empresa brasileña, que tenía un departamento específico que se encargaba del pago de sobornos.
Los fiscales dijeron que habían detenido a unas 15 personas, incluidos directivos de la empresa, como parte del operativo “Autolavado”.
Los fiscales han dicho que se pagaron sobornos por valor superior a 2 mil millones de dólares para obtener contratos con Petrobras, y que parte de los fondos llegó tanto al gobernante Partido de los Trabajadores como a partidos de oposición.
Algunas de las personas más ricas de Brasil están implicadas en la investigación, junto con decenas de políticos tanto oficialistas como opositores.
El expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, fue condenado este mes a más de 19 años de prisión por su participación en los hechos, pero el operativo del martes amplía los alcances de la investigación en la empresa constructora, una de las más grandes que participan en la infraestructura para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Lula también está bajo escrutinio. La policía fue a su casa a inicios de este mes y lo llevó a un interrogatorio. No ha sido acusado y ha negado repetidamente cualquier irregularidad.
Los críticos sostienen que el nombramiento de Lula fue un intento de protegerlo, ya que sólo el Tribunal Superior puede autorizar investigaciones, acusaciones o detenciones de los ministros del gabinete.
Agencias
