A la universalización de la cobertura en la prestación del servicio de educación básica del país debe suceder la universalización de la dotación de una educación de calidad, provista de los adelantos tecnológicos de la época y sujeta a evaluaciones pedagógicas sistemáticas y periódicas, si México quiere acceder al desarrollo pleno.
Educación básica para todas las niñas y los niños mexicanos, educación con los instrumentos materiales y el rigor técnico necesario, también, fue el núcleo de la intervención del presidente Enrique Peña Nieto en la ceremonia de conmemoración del “día del maestro”, este 15 de mayo.
En efecto, dijo el presidente en el evento de reconocimiento a docentes con más de 40 años de trayectoria, “así como la educación básica hoy está presente en todo el país, así también llegará la reforma educativa y la educación de calidad a toda la geografía nacional. Éste es un reto que nos hemos propuesto como nación, y que junto con los maestros de México vamos a alcanzar”.
Esto significa que “las entidades que se han retrasado en su aplicación eventualmente tendrán que acelerar el paso para que sus estudiantes no queden rezagados”. Se refiere concretamente a los estados del sureste mexicano, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, los mismos incluidos en la zona económica especial y que tendrán políticas públicas específicas para estimular su crecimiento.
El mensaje es que no caben excepciones en la aplicación de los criterios de profesionalización docente, evaluación sistemática, priorización del mérito académico y sobre todo generación de resultados concretos en las pruebas de desempeño para quienes hoy desde las aulas construyen las bases del futuro de México.
México no puede seguir siendo el último lugar en las pruebas de desempeño que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), realiza desde la última década del siglo XX entre el alumnado de secundaria de los países miembros y en el último decil entre más de cien que incluye en estudios ampliados a otras naciones.
Es una noticia positiva, por otra parte, que este año como parte de la aplicación de la reforma, se implementará por primera vez el censo de educación media superior para conocer el estado de los planteles, alumnos y docentes de esos niveles. Es decir, la reforma educativa tiene que aplicarse tanto en educación básica como en educación media superior.
Además, se pondrá en operación el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), que sustituirá a la prueba Enlace, que además de analizar competencias en matemáticas y comunicación, también medirá habilidades relacionadas con la convivencia escolar.
La reforma educativa, como todas las demás, tendrá que implementarse cabalmente para que rinda los frutos esperados, cada cual en su ámbito, en calidad de servicios, competitividad internacional, eficacia operativa, transparencia administrativa y resultados concretos.
La numeralia del esfuerzo de transformación desde el poder Legislativo no tiene precedente en la historia de México: fueron aprobadas 29 reformas constitucionales, se expidieron 44 nuevas leyes y se realizaron reformas a 412 ordenamientos ya existentes, además se emitieron 30 decretos del Congreso, para sumar un total de 515 dictámenes votados, como ya expusimos en otra colaboración y ahora detallamos.
El trabajo legislativo tuvo como premisa fundamental, los tres años, mejorar los indicadores macroeconómicos y el bienestar concreto de cada uno de las y los mexicanos, fortalecer las instituciones que hacen posible la democracia y el buen gobierno, lograr mayor seguridad y justicia, proteger los derechos humanos, procurar la igualdad de oportunidades, la sustentabilidad y elevar la calidad de vida.
En este periodo fecundo de cambios en el andamiaje legal los diputados hemos buscado dar respuestas oportunas a problemáticas nacionales grandes y añejas. Las reformas educativa, energética, en telecomunicaciones, laboral, sobre disciplina financiera, competencia económica, político-electoral, en transparencia, así lo demuestran. Los resultados de muchas de estas reformas ya están dando resultados y se reflejan en las políticas gubernamentales puestas en marcha por el gobierno federal. En otras la aplicación es parcial, inconclusa, como ya apuntó el presidente de la República, situación que debe normalizarse, es decir, universalizarse en su aplicación.
Reformas como la de competitividad; para mejorar el acceso de las y los trabajadores al crédito y a los servicios financieros; para impulsar el desarrollo regional de vivienda; reformas aprobadas hace un mes y que crean el Sistema Nacional Anticorrupción; al fuero constitucional de servidores públicos, ya acotado y devuelto a su sentido original y que está en revisión en el senado de la República; reformas para prevenir la tortura y la violación de derechos humanos de detenidos y sospechosos de haber realizado algún delito, son algunos ejemplos del trabajo que realizamos y que tendrá un impacto positivo en la vida de los mexicanos.
También están las leyes de nueva creación, que llenarán vacíos legales o mejorarán lo que existía como: Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes; Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; Ley General para la Atención y Protección a Personas del Espectro Autista; Ley de Ahorro y Crédito Popular y Diversas Reformas para Proteger a los Pequeños Ahorradores; Ley del Consejo Nacional de Evaluación del Política de Desarrollo Social.
Sin embargo, como agudamente comenta el analista Luis Rubio en su colaboración del sábado 16 en el diario Reforma, “antes parecía imposible cambiar la ley; hoy las reformas parecen fáciles. Pero solo serán realidad cuando se implementen, es decir, cuando se gobierne. Todo el resto es ficción”.
La implementación de las reformas tiene que ser total y cabal, todas y en la profundidad debida, para que los habitantes de México y Oaxaca tengan las oportunidades de desarrollo que no tuvieron las generaciones precedentes, los indicadores de bienestar social de los países más avanzados, en educación, salud, vivienda, cultura, deporte y equipamiento urbano.
