Ante el temor por la repulsa y el repudio popular que le exige cuentas claras, el edil de San Agustín de las Juntas, Samuel López Aquino habría huido de la comunidad que este domingo esperaba la continuación de la asamblea iniciada el 26 de febrero.
En asamblea de usos y costumbres convocada hace un mes por el edil, el pueblo impugnó el informe financiero del Tesorero municipal Eguinardo Cruz Lara y nombró una Comisión Revisora que se encargaría de cotejar la aplicación de los recursos con las obras físicas, pero se enfrentó con la negativa del munícipe, por lo que ahora los vecinos determinaron exigir una auditoría.
En la misma asamblea del 26 de febrero el pueblo determinó la salida física del palacio municipal de los regidores suplentes, principalmente de Manuel Cruz López, luego de que el regidor de Hacienda Javier Fabián Mejía, denunció públicamente que este personaje es causante de la pésima administración, así como de dividir al cabildo y a la población, por lo que es el principal factor de conflicto.
Sin embargo, ante el miedo de enfrentar a su pueblo y bajo argucias de su sobrino-suplente y con la protección política de la Secretaría General de Gobierno, el edil habría solicitado licencia, con lo que el repudio popular se acentúa en contra de la autoridad municipal.
La víspera, el presidente municipal habría ordenado perifonear la suspensión de la asamblea de este domingo, para confundir a la población, sin embargo los vecinos acudieron al palacio municipal en donde ratificaron la exigencia de una auditoría y el repudio al suplente Manuel Cruz López.
En un abierto reto a la población, el suplente Cruz López, quien pregona estar protegido por el gobernador Gabino Cué, acudió este domingo a la oficina del palacio municipal, acompañado del síndico Eleazar Gutiérrez Trinidad, del regidor de Educación Canuto Méndez Aquino y del Tesorero municipal Eguinardo Cruz Lara, quienes tuvieron que salir huyendo ante el temor de ser linchados.
Este domingo, los habitantes de San Agustín de las Juntas, reunidos en el corredor del palacio municipal, acordaron conformar legalmente un Consejo Ciudadano para abanderar las causas ciudadanas y la defensa legal de más de cien vecinos que están a punto de pisar la cárcel a consecuencia de la irresponsabilidad de las autoridades.
El año pasado, las autoridades municipales y comunales incitaron a comuneros a cometer el delito de despojo y daños en propiedad ajena en contra de unos particulares, por lo que enfrentan sendas demandas de tipo penal.
Por eso ahora el Consejo Ciudadano asumirá la defensa legal de los involucrados, para evitar que sean privados de su libertad por la irresponsabilidad de sus malas autoridades.
Agencia JM
