Pues nada, que de pronto el presidente de la República anunció el 7 de julio que se creará una empresa distribuidora de gas doméstico LP a la población nacional, el cual será suministrado por Petróleos Mexicanos.
Se llamará “Gas Bienestar” y dice que en unos tres meses comenzará a operar a fin de llevar el combustible a precios reducidos en cilindros de 20 y 30 kilos a los hogares mexicanos, 70 por ciento de los cuales lo utilizan para sus necesidades básicas. En su argumentación, el presidente dijo:
“No he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación o lo he cumplido en gasolina y energía eléctrica, pero no en gas porque ha aumentado el precio por encima de la inflación”.
Y esto es porque el precio del gas doméstico subió entre 30 y 50 por ciento en lo que va de 2021. Los precios de este combustible aumentaron a pesar de que el precio internacional del gas bajó en 2020 y, luego, con el pretexto de que en 2021 aumentó el precio internacional…
En México hay cinco empresas que dominan el mercado de distribución del gas. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dice que según sus investigaciones hay una especie de colusión entre las distintas compañías gaseras con lo que duplicaron sus utilidades en tan sólo un año, que pasó de 4 a 8 pesos por kilo de gas.
Como se sabe, este es un mercado millonario por la cantidad de usuarios, por la extensión territorial y por los pocos distribuidores que hay, lo que ha generado una especie de monopolio al parecer inamovible y aunque la Cofece había advertido al gobierno de esta situación y había planteado una serie de soluciones, al parecer no se puso atención a ninguna de ellas.
Pero aun así. La creación de una empresa de gobierno que suministre el gas doméstico conlleva grandes problemas de organización, de distribución, de seguridad, de costos y gastos.
Analistas han advertido que primero que todo habría que preguntar si ha se hizo un estudio de los costos y de cuál es la población objetivo a atender; en cuánto consiste el subsidio que tendrá cada cilindro si Pemex está en condiciones de suministrar el gas sin problemas, toda vez que en este mismo momento la empresa pasa por problemas de exploración, producción y refinación.
De hecho, dice Luis Miguel González, de “El Economista”: “Es importante aclarar que Pemex ya participa en el mercado del gas LP en un segmento de “mayoreo”. Tiene plantas y terminales de almacenamiento, pero carece de infraestructura para atender el último kilómetro, donde están los consumidores finales. Estamos hablando de equipo de transporte, sistemas tecnológicos de control y personal calificado.”
Pero en tanto la magnitud de la operación que pretenden echarse encima hay que considerar que este mercado, según el mismo analista, ‘vale alrededor de 207,000 millones de pesos anuales, cuya disfuncionalidad afecta a alrededor de 14 millones de hogares en actividades cotidianas tan básicas como cocinar y bañarse… hacer rendir la quincena.’
Por supuesto las empresas argumentan que los insumos, costos y gastos de adquisición, de distribución, de envase, de logística, de seguridad… cada vez están más altos. Sin embargo también es cierto que durante años no han disminuido las altas utilidades que mantienen sin mengua y sí, por otro lado, se ha sacrificado a la población cautiva que consume a precios cada vez más altos.
Y sí, está bien, muy bien que el gobierno federal quiera revertir este panorama de altos precios al consumidor. Sobre todo porque es claro que la inflación de productos de consumo básico ha aumentado de forma asimismo desorbitada en los meses recientes (5.88% anualizada a junio pasado), y que para adquirir por lo menos la canasta básica el gasto es mayor y un enorme esfuerzo para muchos.
En todo caso, en este momento resulta difícil de creer que una empresa de gobierno habrá de llevar a cabo esta tarea de forma eficiente. Si es urgente solucionar el tema de los altos costos y disminuir el margen de utilidad de las empresas hasta hacerlo justo.
Podría ser contraproducente y muy costoso para la economía nacional crear una distribuidora de gas de gobierno en la que habrá de moverse un sinfín de áreas colaterales. Los costos de adquisición como de suministro, envase y distribución se incrementarán de acuerdo con el aumento inflacionario, además de que, por ejemplo, se informa que cada camión repartidor será acompañado de guardias de seguridad para su protección.
Pero más que crear una empresa de gobierno que podría resultar onerosa y de alto riesgo, es indispensable poner en orden el mercado; a las cinco empresas distribuidoras. Para eso están los instrumentos legales del Estado. Y la autoridad del Estado.
…Y la responsabilidad del gobierno para que certifiquen orden y garanticen la mejor calidad y prestación del servicio con salvaguardias de toda especie y a precios reducidos si se quiere beneficiar a las personas de menos recursos.
Que la Cofece actúe en uso de su responsabilidad, aunque al momento el presidente la descalifique, pero es una instancia aun válida para vigilar y advertir sobre abusos y quebrantos legales, siempre y cuando las instancias de gobierno tomen con rigor y seriedad las propuestas.
Esto es: políticas públicas de calidad para beneficiar a todos. Que nadie se salga del huacal y que todos seamos beneficiarios de ellas. De otra manera podría resultar la vieja historia de que “salió más caro el caldo que las albóndigas”.
