Mal negocio es para México como país soberano que ineficiencias internas, escándalos, corruptelas y acciones ilegales sean denunciadas por autoridades de Estados Unidos. Pero en el caso de la participación de HSBC México en operaciones multimillonarias de lavado de dinero, hay agravantes. Con un despliegue de espectáculo —no exento de dramatismo y morbo—, la denuncia fue dada a conocer con bombo y platillo y a todo color por un subcomité del Senado estadounidense.
Entre líneas está levemente implícita, en las acusaciones presentadas, la idea de que México es un país de impunidad, donde las organizaciones criminales prosperan. Este mensaje sutil se refuerza por una realidad: la manga ancha o la debilidad de las autoridades mexicanas competentes para suprimir esas prácticas de lavado, que involucraban montos multimillonarios y se desarrollaron durante años. La CNBV, encargada de la supervisión de los bancos que operan aquí, supo de las operaciones que ahora denuncia el Senado de Estados Unidos y careció de la fuerza institucional —o quizá, aún peor, de la voluntad política— para frenarlas.
¿Quién se benefició con esas transferencias de fondos triangulares entre las filiales de HSBC en EU, México e Islas Caimán? Desde luego, las bandas criminales que por esa vía podían legalizar sus ganancias obtenidas mediante actividades delictivas. También se beneficiaba, y grandemente, HSBC, que podía manejar recursos cuantiosos. En el orden personal, posiblemente los funcionarios del banco permitían las operaciones y esa participación exige una investigación a fondo.
Se presta, efectivamente, a sospechas la participación en esas transacciones de los funcionarios de HSBC que han renunciado: Bagley, Thurston y Lok. Quizás haya más involucrados y también deben ser investigados. No es remoto que hayan recibido “gratificaciones” adicionales a sus sueldos. “Piensa mal y acertarás”, reza el proverbio popular. Y también viene a cuento otro dicho: “Nadie da patada sin huarache”. Por desgracia, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, las suspicacias se extienden también como sombra ominosa sobre los funcionarios locales, que conocieron por largo tiempo los hechos denunciados y no lograron detenerlos hasta que, vergonzosamente, entró al relevo el Senado gringo.
Agencias
