El vicecanciller de Honduras, Alden Rivera, se reunirá hoy con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, para conocer los detalles sobre los secuestros y agresiones sufridas por ciudadanos centroamericanos.
De acuerdo con el diplomático, en el caso de los 72 inmigrantes asesinados en el estado de Tamaulipas en agosto, la PGR ha mostrado “poca contundencia” en la investigación.
Agregó que la información al respecto ha sido poca para Centroamérica, y sólo tiene conocimiento de que existen ocho detenidos vinculados al crimen.
En cuanto al caso de las 50 personas plagiadas en Oaxaca, que tensó la relación diplomática entre México y algunos países de Centroamérica, el vicecanciller hondureño se reunió con cinco migrantes hondureños que escaparon, y quienes le informaron de su decisión de permanecer 12 meses en territorio mexicano bajo la protección de la Procuraduría General de la República para apoyar la investigación.
Familias pagan por liberación
En entrevista con EL UNIVERSAL, Alden Rivera confirmó que “hubo malestar” en Honduras, Guatemala y El Salvador cuando el Instituto Nacional de Migración rechazó que la desaparición de estos indocumentados en Oaxaca, el 16 de diciembre, se tratara de un secuestro, pero aclaró que “la tensión diplomática se ha superado”.
Consideró que es sumamente importante atender el fenómeno de migración bajo el principio de la “corresponsabilidad” de los países involucrados. Dejó claro que para Honduras la atención a sus migrantes es prioritaria; según sus cifras, de 100 hondureños que salen diariamente, 30 son secuestrados en México.
El funcionario de Honduras explicó que de acuerdo con las estadísticas de su país y de México a las cuales ha tenido acceso, en los últimos 12 meses ha habido alrededor de 20 mil casos de secuestro, en 50% de los casos se trata de ciudadanos hondureños.
El vicecanciller reveló —sin mencionar el número de personas ni cifras— que familiares de algunos de los “secuestrados” comenzaron a pagar la suma solicitada, y confió en la “liberación progresiva” de los centroamericanos.
“Estoy completamente seguro que hubo un secuestro. Además, el testimonio de mis connacionales es coherente y consistente”, insistió el diplomático
El funcionario hondureño admitió que después de hablar con los cinco testigos hondureños protegidos por la PGR “no hay suficiente información para señalar a un grupo material”. De esta manera, Rivera evitó por ahora responsabilizar del secuestro a Los Zetas.
Pero aclaró que su gobierno está “preocupado” por la presunta vinculación de Los Zetas con la pandilla de los maras, y que es uno de los temas que se enfrentará de manera bilateral.
El vicecanciller Alden Rivera explicó que uno de los motivos para visitar nuestro país es contribuir a un “nuevo punto de partida” en la relación diplomática entre México y Honduras, que se trabó una vez que nuestro país a través del Instituto Nacional de Migración rechazó el secuestro masivo.
Anunció que ambas naciones establecieron una mesa de diálogo permanente para atender el flujo migratorio, que atraviesa por acciones conjuntas para proteger los derechos humanos de los indocumentados.
Los antecedentes de la tensión
El 21 de diciembre pasado, las autoridades mexicanas descartaron tener evidencia de que la desaparición de estos migrantes fuera un secuestro. Al día siguiente, los países Honduras, El Salvador y Guatemala emitieron un comunicado conjunto para exigir al gobierno mexicano una investigación a fondo sobre el caso.
En medio de este desencuentro, el sábado se confirmó que otros nueve centroamericanos habían sido secuestrados en un tren de carga que circulaba en el tramo Ixtepec-Matías Romero, en Oaxaca, el miércoles 22 de diciembre, donde murió un salvadoreño.
Por lo pronto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador descartó demandar a México ante integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El funcionario hondureño reconoció que no hay precisión en la cifra de “plagiados”, la cual oscila entre 40 y 50, que según los testimonios incluye a algunos menores de edad.
La tensión diplomática provocó, incluso, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citará a comparecer al secretario de Gobernación (Segob), Francisco Blake Mora, y al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río.
El Universal
