México es un país lleno de oportunidades, un país de personas trabajadoras, honestas; pero así mismo es el país de la desigualdad, de la impunidad y de las injusticias.
Después de 6 años de pesada guerra contra el crimen organizado, que ha costado miles de muertos y, próximo a la ligera confianza de la ciudadanía en sus instituciones, pese al berrinche de algunos cuantos. Los “brillantes” Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cometen uno de los errores más atroces que pasara a la historia, me refiero a la liberación de la secuestradora de menores Florence Cassez.
Dicho acto hace que el Gobierno y leyes mexicanas sean cuestionadas y puestas en tela de juicio, al verse violada la soberanía de nuestro país. Puesto que nuestra Soberanía es el máximo poder que tiene México sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Lo anterior hace que, en materia interna, un estado, junto a la autoridad en ejercicio, sean los que se encuentran por sobre cualquier otra entidad o país. Luego entonces, ¿Qué paso?
Solo queda pensar que la presión del gobierno galo fue bastante, para liberar a la “mademoiselle”. También cabe reflexionar que hubo arreglos del presidente Enrique Peña Nieto con su homólogo francés. O que los ministros se dejaron corromper, recibiendo dinero por la aprobación del amparo que liberó a Florence. No hay mas, eso fue lo que ocurrió.
Ahora, podemos suponer que la decisión de la SCJN, era para demostrar que se garantizan los Derechos Humanos de los delincuentes pese a su culpabilidad, lo cual no lograron. Sin embargo se olvidaron que no se deben anteponer los derechos de los delincuentes sobre los Derechos de las víctimas, ya que decisiones así traen como consecuencia que cualquier preso pida una revisión del proceso que enfrentaron y, si hay violaciones pedirán ser puestos en libertad, esto para compensar la falta. Es aberrante para las miles de familias que han sufrido en carne propia el secuestro, o aquellas que han perdido a un ser querido en manos de la delincuencia organizada, que sus agresores sean puestos en libertad.
Recordemos que la secuestradora Cassez fue detenida en el 2005 por elementos de la Policía Federal y sentenciada primero a 96 años, y tras una apelación, a 60 años de prisión, pero fue puesta en libertad por encontrar supuestas violaciones a sus derechos en el proceso que enfrento. Es de suponerse que es su premio de consolación, pues fue gratificada por las faltas cometidas; sin embargo lo que se debió haber hecho es revisar y corregir su caso, ya que, como lo aclaro la Magistrada Olga Sánchez, se detectaron y reconocieron errores en el proceso. Pero la decisión tomada no evade la responsabilidad a Cassez, por lo que ella es culpable.
Esta decisión ha indignado a todo México, en especial a quienes fueron víctimas de secuestro por parte de la banda de los Zodiacos y en este caso, de la delincuente Cassez, quien es señalada por las victimas como participante del secuestro. Si hay pruebas y hay testigos, ¡no debió ser puesta en libertad!
Con todo lo sucedido podemos decir que queda clara la necesidad de una reforma en el proceso de sistemas judiciales, para evitar así errores en el mismo y esto tomarlo como pretexto para evadir las leyes, además para garantizar a las victimas su derecho a la justicia y no permitir que 6 años de ardua lucha se vallan a la basura. (Me refiero a la lucha de Felipe Calderón, así es, puesto que él se opuso a la extradición de la secuestradora, y aguanto la presión del gobierno francés. Y curiosamente a 2 meses ejercicio del nuevo Presidente de la Republica, es puesta en libertad.)
Así mismo debemos dejar en claro que no hay nadie por encima de la ley y no dejar que “cualquier hijo de vecino”, ni mucho menos extranjero, haga de México un motín y regrese a su lugar de origen como si nada hubiese pasado. Necesitamos renovar a las instituciones, hacerlas fuertes y modernas, y garantizar a los mexicanos la defensa de sus derechos y así contar con un país fuerte unido y progresista.
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