Gerardo García Henestroza diputado de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la sexagésima segunda legislatura local presentó una iniciativa con proyecto de decreto al artículo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con ella se pretende eliminar requisitos engorrosos o que falseen la información que se proporciona en detrimento de los derechos de los habitantes y ciudadanos oaxaqueños.
“Del mismo modo abordamos la obligación de realizar los pagos en tiempo y forma de salarios, becas, prestaciones o cualquier otro beneficio legalmente presupuestado, toda vez que se presta para interpretaciones de incompetencia o corrupción. En Acción Nacional reconocemos la dignidad de la persona humana, de tal manera que su plena libertad sólo es posible a partir del absoluto respeto a sus derechos básicos” dijo el legislador albiazul.
Dijo creer y trabajar en la innovación gubernamental y la calidad en todos los servicios como herramientas permanentes de la administración pública que suponen una búsqueda contínua de fórmulas administrativas que incrementen la eficacia del gobierno y la efectividad de sus políticas públicas
Henestroza se refirió a las cifras reveladas por el INEGI de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, en la que se dio a conocer que un 53% de la población encontró problemas para realizar sus trámites; en cuyo universo Oaxaca tiene un 66.3% de satisfacción por el trato recibido, muy por debajo de la media nacional que es de 67.6%.
En este sentido, también se refiere que un 53.3% manifestó haber encontrado problemas para realizarlos, de estos encuestados, un 79.3% enfrentó largas filas o requisitos excesivos y un 44.6% reportó asimetrías en la información, es decir, que los requisitos no se exhibían o que la información no era correcta.
Dijo el representante popular que dicha problemática se agrava cuando los trámites tienen que ver con cuestiones de salud, empleo, apertura de empresas o negocios e incluso procuración de justicia; “cuando los solicitantes son personas de escasos recursos y que vienen del interior del estado o lamentablemente cuando sólo hablan su lengua materna y los servidores públicos no tienen ni la capacitación ni la paciencia para atender a nuestros hermanos indígenas”.
De tal manera que si la constitución local o la legislación, como el Código de procedimientos civiles o penales, no tienen una lista interminable de requisitos para un trámite, “es absurdo que en sus manuales de operación –si es que los tienen- o a capricho del director en turno, no se inicie el trámite solicitado” concluyó Gerardo García Henestroza.
