La PGR presentó una nueva solicitud de desafuero contra el legislador perredista Julio César Godoy Toscano, basada en pruebas que se recabaron luego de la consignación del expediente y, por tanto, distintas a las que motivaron la orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con el cártel de La Familia michoacana.
Dicha petición se realizó horas después de que el diputado federal compareció ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para conocer el expediente integrado por la PGR.
“Esta nueva solicitud, sustentada en pruebas recabadas con posterioridad al ejercicio de la acción penal que originó la primera, cuenta con información, señalamientos y dictámenes periciales que configuran un tipo delictivo distinto al que motivó la orden de aprehensión vigente”, señaló la dependencia federal.
Al finalizar la diligencia de tres horas y media, el diputado michoacano sostuvo que existe “mala fe” en las imputaciones del Ministerio Público federal y pidió un careo con los testigos protegidos que lo señalan por sus presuntos vínculos con La Familia.
“Espero que comparezcan, porque ellos dicen conocerme y sería muy importante que delante de mí dijeran lo que están afirmando”, dijo el legislador, quien aseguró que los testigos citados en el expediente (identificados como Emilio, Ricardo y Carlos) “son ficticios y no los encuentran porque no existen”.
Godoy Toscano afirmó, además, que la PGR tiene prisa para desaforarlo, porque está por resolverse un amparo contra la orden de aprehensión por su presunta participación en actividades de la delincuencia organizada.
De prosperar ese recurso, dijo, el juicio de procedencia quedará sin efecto de manera automática.
El diputado federal perredista llegó puntualmente a su cita al mediodía de ayer ante la Sección Instructora y de inmediato tuvo acceso al expediente integrado por el Ministerio Público federal.
Una vez notificado de las imputaciones en su contra, Godoy Toscano tiene un plazo de siete días para responder verbalmente o por escrito ante el órgano jurisdiccional de la Cámara de Diputados.
En ese contexto, el legislador insistió en su inocencia y reafirmó ser víctima del “acoso político” del gobierno federal para debilitar al PRD en Michoacán.
Advirtió que el expediente en poder de la Sección Instructora está incompleto y contiene inconsistencias, como asegurar que fue colaborador del gobierno del priista Gustavo Torres en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Al término de la audiencia, los cuatro integrantes de la Sección Instructora se comprometieron a mantener la discreción sobre el juicio de procedencia.
Milenio
