Autoridades judiciales hondureñas anunciaron que reabrirán los juicios contra militares y policías responsables de la desaparición forzada de más de 184 personas en la década de 1980.
La fiscal de Derechos Humanos, Soraya Morales, dijo en rueda de prensa que un equipo especial de ese organismo ha estado trabajando discretamente para tratar de determinar quién o quiénes fueron los autores de estas “muertes despiadadas”.
“Dentro de los expedientes ya figuran algunos sospechosos”, añadió la funcionaria, quien se negó a revelar los nombres por el momento.
“Obligatoriamente tenemos que dar una respuesta a la sociedad, no podemos dejar esas muertes en el manto de la impunidad”.
En la década del 90 la fiscalía abrió juicios contra decenas de militares y policías por esos delitos, pero los procesos nunca prosperaron en los tribunales.
Organismos locales de derechos humanos han seguido insistiendo en retomar los casos por considerar que por esos delitos no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad.
Según un informe de 1993 del estatal Comisionado de Derechos Humanos, escuadrones de la muerte del Ejército y la Policía, organizados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y asesores argentinos, fueron responsables de la desaparición forzada de 184 personas entre 1979 y 1989.
Las desapariciones se registraron en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el conflicto de baja de intensidad desarrollado por Estados Unidos contra los movimientos guerrilleros de la región.
Entre los desaparecidos destaca un sacerdote estadounidense, James Francis Carney, que en 1983 ingresó desde Nicaragua a las montañas de Olancho (este), como capellán de una columna guerrillera de 96 hombres que fueron exterminados en una operación militar.
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