A veces uno se pregunta cuántas clases de ciudadanos hay en nuestro país. Para responder a bote pronto siempre decimos que hay dos: de primera y de segunda. Pero en realidad hay otras.
Podemos presumir, sin hacer ningún estudio, que los ciudadanos de primera clase son los blancos con dinero. Los de segunda clase son los mestizos con dinero. Los de tercera clase son los mestizos oscuros, en su mayoría trabajadores; y de cuarta clase, los campesinos indígenas y negros.
Claro que esta es una nomenclatura racial fue impuesta por la Corona Española durante el Virreinato. Con los años, nuestras leyes derogaron esa diferenciación racista impuesta desde arriba por la primera casta.
Aunque hoy nada de eso existe en nuestras leyes, en verdad vivimos en un país de primera, de segunda, de tercera y demás escalones. ¿Porqué?, se preguntarán ustedes. La respuesta es sencilla: ¿cuánto dinero tienes? Esa es la respuesta.
En materia de justicia, si no tienes billetes, mejor ni te metas. Cada proceso es muy largo y costoso.
En caso de que te maten a algún familiar, si eres pobre, nunca escucharas del procurador, por ejemplo, que diga que se está agilizando la investigación para el pronto esclarecimiento de tal o cual caso.
En el caso de las amenazas a los periodistas, la Procuraduría del Estado no ha avanzado gran cosa. Sus investigaciones no han ido más allá de lo que los medios de comunicación han dado a conocer.
Como todos sabemos, desde el mismo número de teléfono (951 231 17 73) se emitieron varias amenazas de muerte, entre ellas las que le hicieron a la licenciada Gloria Naxhiely Estrada Bautista, encargada de la coordinación del servicio nacional de empleo en Oaxaca.
También, del mismo número salieron las amenazas hacia los periodistas Filadelfo Figueroa y Jaime Velázquez.
El día en que Jaime Velázquez, recibió en su teléfono las amenazas de muerte desde el número en mención, ese mismo día, el periodista, le hace una entrevista en vivo al secretario del trabajo Daniel Juárez López.
Jaime, nunca se imaginó que estaba entrevistando al patrón, a quien le paga para que hiciera amenazas de muerte a través de mensajes de texto.
El chip de donde salieron las amenazas de muerte fue comprado en una tienda de la colonia reforma, de la ciudad de Oaxaca. Salió a nombre del gobierno del Estado, y quien lo portaba era el administrador de la Secretaría del trabajo José Manuel Guzmán Avendaño.
Esta persona, Guzmán Avendaño, fiel seguidor y defensor a ultranza del secretario del trabajo Daniel Juárez, hizo todo lo posible por desaparecer a los periodistas y a Naxhiely Estrada, con un montón de amenazas de muerte. No lo consiguió porque estas personas siguen caminando por las calles que todos caminamos.
Lo único que logró es que se descubriera a través de la sábana telefónica, que él es el que escribió esos mensajes.
Cuando Jaime recibe la última amenaza de texto, éste le marca al amenazador y le vuelve a repetir lo que unos segundos antes le mandó en texto: “Te va cargar la chingada, pendejo, ya estás muerto”.
La otra llamada que hace el amenazador, supuestamente José Manuel Guzmán Avendaño, es a su esposa Militza Alavez Vega, cuyo número de teléfono es el 951 54 71 351.
Pero esta suciedad no termina aquí, estos mismos funcionarios públicos ―Daniel “carteras” y su administrador José Manuel Guzmán― buscan a toda costa limpiar sus culpas de amenazas de muerte. Todo esto, claro, bajo el cobijo de la Procuraduría general de justicia en el estado.
El teatro que están armando, es involucrar a dos jóvenes de 18 años.
El chip con el número 951 231 17 73, fue usado durante 10 días solamente, pero ahora la misma Procuraduría, asegura que el chip está a nombre de un joven de 18 años de edad y no a nombre del gobierno del Estado, como se había dado a conocer originalmente.
El joven es el chofer de uno de los funcionarios de la Secretaría del trabajo, quien además, es conocedor de todas las triquiñuelas que han hecho los funcionarios de esta Secretaría. La única forma que tienen para sosegarlo, es meterlo a la cárcel. El encarcelarlo es callarlo un rato para que olvide todo lo que sabe.
El otro joven, también de 18 años de edad, estudiante y de condición económica baja. Ya lo tienen en la mira para culparlo de las amenazas a los periodistas y a la exfuncionaria. Lo interesante del asunto será saber cómo van a culpar a este joven estudiante si no tiene ninguna relación con el administrador de la Secretaría del trabajo, tampoco tiene el número de chip con el cual fueron hechas las amenazas. La acusación no les va a cuadrar muy bien que digamos, pero es posible que lo hagan.
El primer joven, el chofer, corre más riesgos, pues además, un tiempo vivió en Huatulco, cuidando la construcción de la mansión que le preparan a Daniel “carteras”.
Es posible que los mismos investigadores que se encargan de este caso, no sepan que cuando se le pide a cualquier empresa telefónica la información sobre determinado número, ésta debe responder en un término de 24 horas todo lo relacionado al número solicitado como mensajes, nombres, ubicaciones y voz.
Estamos ante un caso como los que se ven todos los días en nuestro país. Jamás intervendrán los elementos de la Procuraduría para hacer una investigación seria y a fondo como lo amerita el caso de las amenazas de muerte.
Las investigaciones serias sólo le sucede a los poderosos, a los gobernadores y exgobernadores, a los dirigentes nacionales, y a todo aquel que tenga un cargo importante dentro del gobierno de Gabino Cué. Lo estamos viendo, toda la protección, todos los cuidados son para el secretario del trabajo Daniel “carteras” Juárez López y su administrador José Manuel Guzmán Avendaño.
Está claro que existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y si digo que también de tercera y cuarta, estos somos los que nos parecemos a la nada, a la inexistencia. Con esto no quiero decir que ser de primera sea malo, sino que ser de segunda es espantoso. Pero en fin, vivimos en Oaxaca.
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Horacio Corro
Vía Viral Noticias
