Habitantes de San Pedro Ocotepec exigen liberación de sus autoridades municipales y denuncian arbitrariedad.

Print Friendly, PDF & Email

Diana Mendez

Habitantes de San Pedro Ocotepec, Mixe se manifestaron este miércoles en Ciudad Judicial para exigir la liberación inmediata de sus autoridades municipales, detenidas el pasado 8 de enero por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) mientras acudían a acreditarse en la ciudad de Oaxaca.

Los pobladores calificaron la detención del presidente municipal, Marciano Montes Ortiz, y de los ocho integrantes de su cabildo como injusta y arbitraria. Aseguran que las personas detenidas son inocentes, sin antecedentes de portación de armas ni vínculos con actividades delictivas. Entre las autoridades detenidas se encuentran: Marciano Montes Ortiz, Presidente Municipal; José Carmona Montes, Síndico; Violeta José Juárez, Regidora de Obras; María Pérez Josefa, Regidora de Salud; Cecilia Antonio Pérez, Regidora de Educación; Paula José Ortiz, Regidora de Desarrollo Sustentable; Héctor Montes Antonio, Secretario Municipal, y Benjamín Martínez Rosales, Tesorero Municipal

Los manifestantes denunciaron que esta acción vulnera los derechos humanos de sus representantes y acusaron a las autoridades estatales de actuar con fines políticos más que legales. En este sentido, han solicitado la intervención del Gobierno Federal para esclarecer los hechos y garantizar la localización y liberación de los detenidos. Además, advirtieron que intensificarán sus acciones de protesta con el apoyo de otras comunidades de la región Mixe si no reciben respuesta a sus demandas.

Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), las investigaciones están relacionadas con hechos delictivos derivados de un conflicto agrario histórico entre San Pedro Ocotepec y San Juan Juquila Mixe. Este conflicto se originó en 1975, cuando una Resolución Presidencial otorgó 47,977 hectáreas de tierras comunales a San Juan Juquila Mixe, generando inconformidad en San Pedro Ocotepec.

Entre los antecedentes más recientes del conflicto agrario destacan diversos hechos de violencia. En 2017, un ataque armado desplazó a 350 personas de la agencia de Guadalupe Victoria. En 2022, un defensor de derechos humanos, Crispín Reyes, fue asesinado, mientras que en otro enfrentamiento murieron cuatro personas, incluido un regidor de San Pedro Ocotepec. En agosto de 2024, una agresión en los límites entre ambas comunidades dejó tres muertos y un herido, y el pasado 1 de enero de 2025, un hombre y su hija fueron asesinados en la agencia Guadalupe Victoria mientras trabajaban en su parcela.

Los inconformes consideran que la detención de sus autoridades es parte de un contexto de hostigamiento hacia su comunidad y exigen justicia, así como el respeto a sus derechos como pueblo indígena. Reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que no cesarán sus protestas hasta que sus demandas sean atendidas y sus autoridades sean liberadas.