Diana Méndez
Habitantes de diversas colonias de la zona norte de la ciudad de la ciudad de Oaxaca de Juárez, exigen la abrogación del decreto de 1992, que declara una Zona de Reserva Ecológica y Área Natural Protegida en la región. Los manifestantes aseguran que este decreto atenta contra sus derechos patrimoniales y sociales, calificándolo como un intento de despojo promovido por un exgobernador del estado.
Los inconformes, provenientes de colonias como Lomas del Crestón, San Felipe del Agua, Donají, Pueblo Nuevo y Guadalupe Victoria, entre otras, afirman ser legítimos propietarios de los terrenos que ocupan, y rechazan las acusaciones de invasión o daño ambiental. Señalan que, pese a cumplir con el pago de impuestos como el predial, se les niega la representación y participación en los talleres donde se discute el futuro de la zona.
Asimismo, los afectados acusaron que el decreto no cumplió con los procedimientos legales establecidos, como la consulta pública y la creación de un plan de manejo, lo que ha generado incertidumbre jurídica y administrativa durante más de 30 años. “El gobierno nos escrituró, nos cobra impuestos y multas, pero no reconoce que somos legítimos propietarios en áreas ya urbanizadas”, declararon.
Dijeron que la normativa afecta tanto propiedad social como privada, dejando en riesgo 26 mil cédulas catastrales, que representan el patrimonio de miles de familias.
El decreto, emitido en noviembre de 1992, delimitó una zona de reserva ecológica en la conurbación de Oaxaca de Juárez. Según los manifestantes, este fue impulsado para beneficiar a grupos cercanos al entonces gobernador y no cumplió con los requerimientos legales de la Constitución Mexicana. A pesar de su vigencia nominal, nunca se implementaron medidas como consultas públicas o manejo ambiental adecuado, lo que permitió la urbanización del área.
La normativa impacta a más de 40 colonias y localidades del municipio de Oaxaca de Juárez y zonas cercanas, afectando a miles de familias que, según los inconformes, desconocían las implicaciones del decreto al momento de adquirir sus terrenos. “Defendemos nuestro derecho al patrimonio, no somos invasores ni enemigos del medio ambiente. Somos familias buscando una vivienda digna”, enfatizaron.
