Diana Mendez
Habitantes de la comunidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Santiago Yosondúa, en la región Mixteca de Oaxaca, hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias que permitan el retorno pacífico a sus tierras de al menos 225 personas desplazadas tras un ataque armado ocurrido en agosto de 2025, presuntamente derivado de un conflicto agrario con la comunidad de Santa María Yolotepec, en el municipio de Tlaxiaco.
En conferencia de prensa, las personas desplazadas señalaron que, a cinco meses de los hechos violentos, persiste el temor por su seguridad. Recordaron que durante el ataque se registró la quema de al menos 14 viviendas, así como de motocicletas y vehículos, además del robo de animales, lo que obligó a decenas de familias a abandonar sus hogares.
Manuel López Rosales, agente municipal de Buenavista, indicó que desde el 18 de agosto de 2025 las familias afectadas viven en condiciones precarias, “literalmente en la calle”, por lo que reiteró la exigencia al gobierno estatal para que se garantice el retorno seguro de las personas desplazadas y se atienda la crisis humanitaria que enfrentan.
Por su parte, el Gobierno del Estado de Oaxaca informó que mantiene activa una mesa de diálogo interinstitucional para atender el desplazamiento forzado interno de 88 familias de Buenavista, con la participación de la Comisión de Diálogo de la comunidad, la Secretaría de Gobierno (Sego), autoridades municipales y la representación agraria de Santa María Yolotepec, con acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH), Flor Estela Morales Hernández, dio a conocer que se elaborará un informe detallado que será remitido a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se documentarán las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado, particularmente en materia de atención humanitaria, diálogo comunitario y construcción de acuerdos orientados a una solución pacífica del conflicto.
La funcionaria precisó que el caso se desarrolla en un contexto en el que existe una sentencia agraria que reconoce la propiedad del territorio a favor de Santa María Yolotepec, lo que forma parte de los elementos a considerar en el proceso de diálogo.
Asimismo, destacó que, a invitación de la CADH, en diciembre pasado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, Paula Gaviria Betancur, realizó una visita a Oaxaca y sostuvo un encuentro con personas de la comunidad de Buenavista, quienes expusieron de manera directa su situación.
Derivado de este acercamiento, la relatora de la ONU mantiene seguimiento permanente del caso y ha exhortado a las comunidades involucradas a continuar avanzando hacia un acuerdo de paz que permita el retorno seguro y digno de las familias desplazadas.
