En medio de una redefinición no sólo de la política de seguridad sino de nuevas formas sociales de enfrentar el flagelo de la violencia asociada a la siembra de drogas, Guerrero de nueva cuenta podría ser el laboratorio que andaba buscando el gobierno de López Obrador para darle la vuelta a la violencia y trabajar en uno de los orígenes claros de la criminalidad: la falta de opciones para los ciudadanos.
Los dos primeros pasos son pequeños, pero podrían ser el comienzo del rescate del tejido social: entrega de fertilizante gratuito a campesinos para disminuir los costos de producción de productos alimenticios y las becas para el bienestar “Benito Juárez”.
Como todo gobernador priísta con un presidente de la república opositor, el guerrerense Héctor Astudillo Flores había padecido el asilamiento no sólo del Morena, sino del propio PRI en proceso de descomposición interna. A ello se agregaba la herencia perredista 2005-2015 en la gubernatura y los principales municipios de una entidad penetrada por el dominio y los intereses del crimen organizado, sobre todo de los sembradores de amapola.
Guerrero ocupa el tercer sitio en pobreza social en uno de los estados de mayor riqueza turística y de asentamiento de fortunas sociales y políticas, una contradicción hasta ahora no asumida. Su tasa de pobreza es de 64.4%, según el INEGI, debajo de Chiapas con 77.1% y Oaxaca con 70.4%, Pero a diferencia de estas dos entidades, Guerrero ha padecido la ruptura social con el surgimiento de la guerrilla más famosa (antes del EZLN) de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.
Al tomar posesión como gobernador, Astudillo se encontró con diez cárteles que tenían el dominio criminal del Estado con la complicidad perredista y con auto defensas vinculadas al crimen organizado. La crisis en Iguala en el 2014 con el secuestro y asesinato de 43 normalistas fue el punto máximo de descomposición de la entidad que antes del PRD había padecido la parte violenta de los cacicazgos priístas de los Figueroa.
De los estados gobernador por priístas, Guerrero le preocupa al presidente López Obrador por su pobreza, por su riqueza acumulada en pocas manos y por la violencia producto de la desigualdad social. La gestión de Astudillo ha tenido que lidiar en la presencia caciquil del PRD, muchos de cuyos liderazgos se pasaron a Morena con la intención –como ocurre en Puebla– de apropiarse del gobierno estatal en las próximas elecciones.
Las dos visitas de López Obrador a Guerrero han sido aprovechadas por el gobernador Astudillo para posicionar su agenda de atención social como complementaria a la de seguridad. Se trata, bien aprovechada localmente, de la agenda social del presidente López Obrador: apoyos directos a la población marginada.
Y revela la selección del municipio de Iguala para echar a andar el programa de becas, porque ahí se encuentra uno de los principales pasivos del sistema político por el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados. El apoyo con becas ayudaría a una mejor capacitación de los jóvenes ante el espejismo de los grandes ingresos económicos como parte de los cárteles del crimen organizado. La agenda de los 43, que le tocó al PRD con el gobernador Angel Aguirre Rivero y con el alcalde José Luis Abarca por complicidad en el secuestro y ambos con señalamientos de apoyar a los narcos, ya está en manos de una Comisión de la Verdad que podría llegar a revelar las relaciones PRD-narco en Guerrero.
El gobernador priísta Astudillo ha logrado jalar el interés de López Obrador hacia Guerrero, cuya crisis de seguridad está en la prioridad gubernamental precisamente por la voluntad del mandatario estatal por colaborar con las autoridades nacionales, a diferencia de Michoacán y Chihuahua en donde los gobernadores le han cerrado las puertas a López Obrador.
El propio presidente mandó un guiño cuando dijo, en su reciente visita, que el fertilizante gratuito se enviará a solicitud directa del gobernador Astudillo. Las becas y el fertilizante formarían parte del aspecto social de la estrategia de seguridad y mandaría la señal de que no todo serán fuerzas de seguridad, sino que se buscará restaurar el tejido social. Ahí es donde Guerrero podría ser el laboratorio social y político de la nueva estrategia lopezobradorista de seguridad.
Guardia en vilo. Las negociaciones de última hora llevarán la votación sobre la Guardia Nacional en el Senado al 19 de febrero. Pero en realidad, la preocupación en Palacio Nacional es la votación sobre la Minuta del Senado en la Cámara de Diputados, y no por falta de votos sino porque la restauración del Cuarto Transitorio podría tener votos en contra de diputados de Morena.
Fuego amigo. Y donde hay una verdadera guerra civil es en el gabinete presidencial, hasta ahora con la secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, contra la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y el ring es el periódico Reforma, el diario calificado por López Obrador como fifí. Las dos secretarias se están dando con todo.
Política para dummies: La política reditúa más cuando se basa en la búsqueda de soluciones, que cuando se privilegia la confrontación.
