El repunte de las actividades criminales en Guerrero está perfilando una nueva estrategia de seguridad ciudadana, social y política: mayor presencia de fuerzas federales, pero al mismo tiempo reorganización de la acción estatal en el rubro del bienestar.
La crisis de violencia en Guerrero está mandando un mensaje bastante fuerte, porque la politización electoral está eludiendo uno de los componentes de la violencia: la apatía de la oposición perredista, panista y morenista y la ausencia de una estrategia de seguridad de los candidatos presidenciales y legislativos.
El primer paso tendrá que ser el aumento de la presencia de fuerzas federales en zonas sobrecalentadas por la violencia, pero sigue faltando la acción social, económica y política para sustituir la presencia criminal con programas emergentes de salud, educación, empleo y sobre todo actividad productiva.
El gobierno guerrerense de Héctor Astudillo ha solicitado aumento en la presencia de fuerzas federales, pero también ha comenzado a plantear mayor actividad social para disminuir los niveles de pobreza extrema. Lamentablemente, ningún candidato presidencial, federal o estatal ha prometido algún programa emergente de desarrollo en las zonas más pobres y abandonadas de la entidad.
La argumentación parece obvia, pero de tan obvia como que se ha perdido en las urgencias de las campañas: mientras haya bienestar habrá menos espacio para la criminalidad. Michoacán y Tamaulipas han probado que las acciones de las fuerzas de seguridad tienen efecto de corto plazo y a la larga disminuyen eficacia si no van acompañadas de programas de desarrollo social o de apoyos emergentes a las comunidades que sólo tienen a los criminales como fuentes de salarios.
El gobierno de Astudillo prepara un replanteamiento del Programa Operativo Conjunto de Seguridad, pero el gobierno federal ha estado retrasando el aumento de efectivos de fuerzas federales. Basta un pequeño titubeo en la presencia federal para que los grupos criminales lo aprovechen para aumentar su presencia.
Por su historia de cacicazgos, violencia criminal, grupos guerrilleros y falta de línea de autoridad que hicieron proliferar los grupos armados, Guerrero está exigiendo una ampliación de los rubros de acción con la urgencia de programas sociales, mayor presencia social de los partidos políticos y la decisión de retomar los hilos del poder para evitar activismos como el de sacerdotes de la iglesia católica que están pactando en secreto con los criminales a cambio de narcolimosnas; estos acuerdos, sin embargo, tienen un componente que le resta autoridad moral a la iglesia: el pago de protección con bendiciones y, lo que es peor, la representación criminal a través de sacerdotes.
Los focos rojos de Guerrero debieron haberse prendido ya en Los Pinos y Gobernación, porque la reactivación de la actividad turística en el triangulo guerrerense ha carecido de acciones de seguridad para impedir el regreso de los grupos criminales al control político de zonas federales. El primer paso debiera ser el aumento de fuerzas federales con planes de consolidación de zonas rescatadas del crimen, pero también con mayor actividad de las secretarías de Desarrollo Social, Salud, Educación y sobre todo Economía para blindar a esas zonas con seguridad, pero también con empleo, bienes y servicios populares y oportunidades para jóvenes.
Política para dummies: La política es la capacidad de decidir ante los problemas, no ante los temores.
Si yo fuera Maquiavelo: “El que llegue a príncipe mediante el favor del pueblo debe esforzarse en conservar su afecto, cosa fácil, pues el pueblo sólo pide no ser oprimido”.
Sólo para sus ojos:
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- La encuesta de Consulta hunde al PRI en el tercer sitio.
- Si López Obrador pensaba que juntando a la CNTE y la 22 con fracciones del SNTE iba a tener el millón y medio de votos magisteriales, los resultados pueden ser menores porque los maestros disidentes ya olieron que el tabasqueño quiere controlarlos y someterlos a las mismas restricciones que los gobiernos priístas, sólo que domesticados con un liderazgo populista.
- Fracaso de seguridad del gobernador tabasqueño saliente de Arturo Núñez por el asesinato del periodista Juan Carlos Huerta y el aumento de índices de violencia criminal.
- Famosas últimas palabras: “El Instituto Nacional Electoral está pasmado”: Porfirio Muñoz Ledo.
