Como para terminar de enredar sobre lo que cada uno de los funcionarios federales quiere de la Guardia Nacional, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón se hizo bolas con sus acuerdos secretos con la ONU; los medios escritos registraron cuando menos cuatroversiones de lo que está cediendo México en soberanía en el tema de la Guardia Nacional:
1.- La Guardia será capacitada en derechos humanos por la ONU.
2.- La Guardia será capacitada en uso de la fuerza.
3.- La ONU participará en la formación de la Guardia Nacional.
4.- La ONU apoyará en contenidos de la Guardia Nacional.
El enredo tiene que ver con el hecho de que Ebrard se reunió con Michelle Bachelet, pero no en su condición de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino por sus funciones en dos ocasiones como presidenta de Chile y por tanto responsable de los Carabineros chilenos.
Pero lo que Ebrard sabe, pero esconde, es el hecho de que los Carabineros son un cuerpo represivo, con el pasado no resuelto de haber sido pieza clave en el golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende en 1973 y exhibido muchas veces durante las presidencias de Bachelet como represores de estudiantes que exigían educación gratuita y por usar sin decoro toletes para golpear a jóvenes y sobre todo abusar de las tanquetas con chorros de agua a presión para reprimir ciudadanos.
Pero lo peor de todo es que la ONU no tiene facultades para capacitar o entrenar o avalar cuerpos represivos nacionales, sino que su función es la de denunciar e investigar violaciones a los derechos humanos. Sería un contrasentido que la ONU avalara un cuerpo represivo legal que luego violara los derechos humanos, porque entonces ese cuerpo represivo se convierte en oficina de relaciones públicas o culpará de complicidad a la ONU por haberlo capacitado mal.
De lograrse lo que Ebrard ha dicho –hasta ahora sin desmentido de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (OACDH)–, entonces la Guardia Nacional mexicana tendría un mando supranacional o una intervención supranacional de sus funciones. El problema radicaría si el jefe de la GN tendería que solicitar la aprobación del Alto Comisionado en cada operativo, con la complicación adicional de que la GN mexicana enfrentaría al crimen organizado con alta capacidad de violencia, agresión y armamento.
En realidad, la ONU no se meterá con la Guardia porque es un organismo de las estructuras de represión del Estado, sino que operará en la periferia. Las funciones en ese punto de la OACDH nada tienen que ver con lo que supone Ebrard. En sus documentos, esa oficina dice:
“Puesto que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos presta asistencia a los gobiernos, a través por ejemplo del aporte de conocimientos especializados y capacitación técnica en las esferas de la administración de justicia, la reforma legislativa y el proceso electoral, para facilitar la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el terreno. Apoyamos asimismo a otras entidades encargadas de proteger los derechos humanos para que puedan cumplir con sus obligaciones, y a particulares para que puedan ejercer sus derechos.
En todo caso, la ONU sí podría firmar convenios con la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no con un cuerpo represivo. Los acuerdos para aceptar las exigencias de la ONU sobre uso de la fuerza no son obligatorios de cumplir y someterían a los cuerpos de seguridad de México a un mando supranacional bajo el control de organismos sin autoridad operativa.
Por si fuera poco, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal tienen en vigencia reglamentos para el uso de la fuerza. Y de hecho, en las reformas y sobre todo en sus transitorios de la Guardia ya se incluyeron los supuestos del Artículo 5 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego de la ONU. En todo caso, Ebrard busca bendecir las armas de los guardias nacionales con el agua bendita de la ONU.
Y Ebrard sería el menos calificado para acudir a la protección de oficinas de los derechos humanos, cuando sus tareas como secretario de Seguridad Pública del DF en el gobierno de López Obrador y luego él mismo como jefe de gobierno avaló abusos de fuerza de granaderos y policías preventivas sin atender a los entonces vigentes reglamentos para el uso de la fuerza.
La organización operativa en la construcción de la Guardia Nacional tendrá tantas manos metidas que al final podría quedar como un Frankenstein sin capacidad para cumplir su función de luchar contra delitos del fuero federal ahora dominados por las bandas criminales nacionales y transnacionalizadas y casi todas ellas en fase superior de violencia para mantener el control de los espacios expropiados por la fuerza a la soberanía del Estado.
Política para dummies: La política es el arte de prometer todo, a sabiendas de que no se va a cumplir nada.
