El gobernador perredista de Morelos, Graco Ramírez, así como el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo García, fueron señalados como parte de los funcionarios mexicanos que presuntamente recibieron sobornos de la empresa Walmart para que esta pudiera construir el Aurrerá de Teotihuacán y otras tiendas en el Distrito Federal.
Los congresistas estadounidenses Elijah E. Cummings y Henry A. Waxman, quienes encabezan una investigación sobre las acusaciones de soborno que enfrenta Walmart, dieron a conocer una serie de correos electrónicos que se intercambiaron en 2005 Thomas Mars, presidente del Consejo General de la empresa, y el director general, Michael T. Duke.
En uno de los correos que Mars envía a Duke le informa sobre las presuntas prácticas de corrupción en Walmart de México y le anexa un correo electrónico dirigido a Maritza Munich, entonces abogada de la empresa, en la que se le informa que personal de ésta supuestamente entregó sobornos a autoridades mexicanas a fin de conseguir los permisos necesarios para edificar varias tiendas en el Distrito Federal.
En este correo, con fecha del 13 de octubre de 2005, a Munich se le detalla sobre una serie de contribuciones que empleados de Walmart realizaron a fin de “mejorar las actuaciones” de la empresa en la Ciudad de México.
Es aquí donde se cita que Graco Ramírez fue el contacto principal con el que se negoció la entrega de 2 millones de pesos, que se pagaron en ocho partes entre 2003 y 2004, a fin de que se facilitara la instalación de nuevas tiendas.
“La persona de contacto principal para negociar dicha contribución por parte del gobierno era el señor Graco Ramírez (diputado del PRD).
“Los pagos se realizaron supuestamente para facilitar los pasos con el Ministerio de Desarrollo Urbano en cuanto a la declaración de impacto urbano para nuevos sitios”, indica el correo, el cual es considerado como parte de las pruebas de la investigación.
Si bien Graco Ramírez es mencionado como legislador, el perredista no ocupó ningún cargo legislativo. Fue diputado federal de 1997 a 2000 y senador de 2006 a 2012, cuando pidió licencia para buscar la gubernatura de Morelos, la cual ganó en julio pasado.
A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario morelense negó haber recibido pago alguno por parte de funcionarios de Walmart y advirtió que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por esta “calumnia”.
“El tema señalado por un funcionario menor de Walmart es una absoluta calumnia. Nunca me he reunido y concertado pagos. Yo no era congresista.
“Demandaré ante PGR y por vía civil esta calumnia por daño moral. Era dirigente del PRD en Morelos y no hacía gestiones gobierno AMLO en DF”, mencionó Ramírez.
Los correos electrónicos que revelaron los congresistas, fueron anexados a una carta en la que señalan que Sergio Raúl Arroyo García recibió presuntamente una “donación oficial” de 500,000 pesos y un “regalo irregular” de 400,000 pesos para que se permitiera la construcción del Aurrerá en Teotihuacán, que finalmente fue inaugurado en noviembre de 2004.
En la misiva, dirigida a Duke, señalan además que a representantes del PRI y PRD se les entregó al menos 1.2 millones de pesos para que permitieran esta misma obra.
“Los pagos en el sitio de Teotihuacán se realizaron sólo para la mayoría de los integrantes del Consejo Municipal (Cabildo); el acuerdo (para permitir la obra) fue alcanzado sólo con representantes del PRI y el PRD -suficiente para asegurar una mayoría- por un pago total neto de 1.2 millones de pesos”, indica el documento.
Arroyo García dirigió el INAH de 2000 a 2005, durante la Presidencia de Vicente Fox. El 8 de diciembre pasado, fue nombrado nuevamente en este cargo por el secretario de Educación, Emilio Chuayffet.
El pasado 18 de diciembre, The New York Times dio a conocer una investigación periodística en la que reveló que Walmart de México presuntamente sobornó a funcionarios del municipio de San Juan Teotihuacán para que se permitiera la construcción de la tienda a un kilometro y medio de la zona arqueológica.
De acuerdo con el diario estadounidense, en 2003 la alcaldía a cargo del entonces perredista Guillermo Rodríguez Céspedes acababa de aprobar un mapa de zonificación en el que se limitaba el desarrollo comercial en la zona arqueológica.
El periódico aseguró que funcionarios de Walmart presuntamente sobornaron a las autoridades con al menos 52,000 dólares a fin de que el mapa fuera modificado. Luego de que se cambió el documento, el INAH a cargo de Arroyo García avaló la instalación de la tienda.
Agencias
