Los mexicanos deberíamos agradecer a don Genaro García Luna por algunos de los efectos de la farsa que montó y promocionó sobre la aprehensión de Florence Cassez, y someterlo a juicio ante los tribunales competentes por los delitos que pudo haber cometido para armar el montaje y por las consecuencias que ha tenido y tendrá para el país ese intento de engaño.
Supongo que entre los más reconocidos estará el grupo de abogados y cineastas que produjo el documental“Presunto culpable”, pues no sólo confirmó la esencia de la denuncia que hacen en la cinta, sino que documentó ante México y el mundo que los excesos y el autoritarismo de los cuerpos policiacos mexicanos no se limita a la tropa, sino que alcanza a los niveles más altos y que, al menos en el caso de García Luna, fue tolerado por un gobierno y premiado por el siguiente, asuntos, ambos, que deberían ser explicados a la opinión pública nacional si se toma en serio la transparencia y la rendición de cuentas.
El show del ex director de la AFI no sólo implicó el gasto de dinero del erario, sino también exigió destinar personal a esas tareas. Supongo que utilizar recursos públicos para producir la escena de la falsa aprehensión de Cassez entraña uno o varios delitos tipificados en el Código Penal y diversas violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que prevé las correspondientes sanciones.
La arbitrariedad de las autoridades es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo. Su más remoto origen está en el ejercicio perverso del poder religioso y civil en la Colonia, que se ha venido actualizando hasta nuestros días. Lo que no había ocurrido es que la cabeza de la corporación policiaca de élite ofreciera una prueba tan contundente e irrefutable de los abusos que se cometen con el pretexto de la seguridad pública.
Porque lo que García Luna exhibió ante propios y extraños no fue la aprehensión de unos delincuentes, sino el desprecio de la autoridad por la verdad y por los derechos más elementales de las personas. Y es que, por execrable que sea Florence Cassez, no deja de ser persona ni de tener derechos, por ejemplo, a ser remitida al Ministerio Público tan pronto como fue aprehendida, a ser juzgada con pruebas auténticas y a recibir la asistencia del consulado de su país.
Estos derechos no privilegios exclusivos de la francesa y, con excepción del último, tampoco lo son de los extranjeros. Todos los habitantes de las republicas los tenemos, y el hecho de que se hayan violado sistemáticamente los de cientos de miles de personas y que usted y yo estemos indefensos ante cualquier policía, agente del ministerio público o juez venal, no invalida los derechos de la señora Cassez.
Claro que las víctimas también tienen derechos y fueron gravemente lesionados por la banda de secuestradores ala que presumiblemente pertenecía doña Florence. Hay motivos para pensar que esa señora tiene tanta culpa como sus cómplices, pero ese no fue el tema que abordó la Suprema Corte y por ello no podría haber emitido un fallo al respecto. Más aún, si el Estado mexicano liberó a una criminal y ésta fue recibida como heroína por los franceses, incluyendo a su gobierno, se debe a la falsificación que intentó hacer el ex jefe policiaco.
Gracias a ese montaje y al desarrollo del caso, el fallo de la Corte, que por cierto se apega a Derecho, será invocado como precedente por los abogados de otros delincuentes en juicios similares, empezando por la banda de secuestradores encabezada por el ex novio de Cassez, pues si los derechos de estos sujetos también fueron violados, el Estado no puede convalidar juicios que, en su caso, se apoyen en pruebas prefabricadas.
Una de las consecuencias positivas del escándalo es el clamor por que se investigue a García Luna, no sólo en cuanto se refiere al manejo del caso Cassez, sino en toda su gestión como director de la AFI y Secretario de Seguridad Pública federal. Que se le investigue, no por el prurito de castigar a un funcionario que parece haber abusado de sus atribuciones como tantos otros, sino para que este lamentable incidente sirva para que los funcionarios y empleados de Seguridad Pública sepan que en México ya no se toleran los abusos del poder.
Cualesquiera que sean los resultados de esa necesaria investigación, el caso Cassez debería ser el punto de partida para sanear los cuerpos policiacos y de procuración y administración de justicia. Me imagino que ese saneamiento –cuya dimensión es monumental–es una de las prioridades del nuevo gobierno. Pero la farsa de García Luna le da la gran oportunidad de apoyarse en la indignación de la gente para enfrentar los intereses creados que se benefician de la arbitrariedad impune.
Se ha probado es que los abusos de la autoridad policiaca no afectan solamente a las personas, lo que de suyo es grave, sino que lesionan la dignidad y respetabilidad internacional del Estado y del país como un todo. ¿Quién y cómo va a compensar el desprestigio nacional e internacional del Estado mexicano?
