* La intentona fallida del Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón, de desacreditar a la Fiscalía General del Estado daña la imagen política y el compromiso por la justicia del gobernador.
* El mayor problema del gobernador Alejandro Murat, no es la ancestral pobreza ni la marginación de Oaxaca, sino sobre todo enfrentarse cotidianamente a enemigos y traidores.
Aun cuando se hacen grandes esfuerzos y destinan multimillonarios presupuestos nacionales, producto del pago de impuestos de todos los mexicanos para fortalecer la división de poderes, persisten los viejos vicios en los poderes judicial federal y estatales.
De esta manera, subsisten, pues, los llamados “jueces de consigna”, juzgadores corruptos que por razones económicas o bien políticas, se prestan por su desmedida ambición a torcer la ley, para garantizar impunidad a probables delincuentes.
Éste es el caso, dolorosa y lamentablemente, de manera presumiblemente fundada del Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón, quien rechazó vincular a proceso a Jehú G.L., pese a que existen pruebas en su contra como uno de los probables autores materiales del triple asesinato ocurrido en junio pasado en el que murió la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín.
Lo peor del caso es que la intentona fallida del Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón, de desacreditar la investigación de la Fiscalía General del Estado golpea severamente la imagen política y el compromiso del gobernador porque se imparta justicia imparcialmente.
De manera insistente, hemos reiterado que el mayor problema del gobernador Alejandro Murat, no es la pobreza ni la marginación de Oaxaca, sino sobre todo enfrentarse a enemigos y traidores, más peligrosos los primeros que los segundos porque se hacen pasar por amigos y colaboradores cercanos.
Durante la audiencia de ampliación de término constitucional, quedaron totalmente desacreditados por pública y notoria falta de experiencia el perito en Planimetría y Geolocalización, así como la investigadora privada presentados por la defensa, lo que fortalece la apelación.
Lo mismo ocurrió con los incongruentes y contradictorios dichos del inculpado Jehú G.L., y los testigos presentados por los abogados Simitrio Ruiz Martínez y Jesús Medina Cigarroa, defensores de uno de los probables autores materiales del triple asesinato.
A pesar de evidenciar que estaban debidamente aleccionados por los abogados defensores, durante la agotadora audiencia, los testigos dejaron entrever la existencia de otros probables autores materiales, además que el inculpado Jehú G.L., se negó a responder a los cuestionamientos del Fiscal del caso.
Pese a las evidencias aportadas como pruebas fehacientes de la probable autoría material de Jehú G.L., en los tres asesinatos, entre éstas diversas videograbaciones del lugar de los homicidios en los que aparece físicamente haciendo llamadas telefónicas.
“Detrás de la decisión del juez Omar Morales está la presión política de personas vinculadas al PRI, añadió la madre de la fotógrafa y videasta María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada junto con la candidata a segunda concejala Pamela Terán Pineda y su escolta Adelfo Guerra Jiménez, la madrugada del 2 de junio en Juchitán de Zaragoza”.
Para la periodista (Soledad Jarquín Edgar) la decisión que tomó el juez Morales Simón es una muestra de la corrupción del poder Judicial, uno de los más afectados en esta descomposición, lo que ha dado al traste a la seguridad de la población oaxaqueña.
“En específico de las mujeres a quienes no quieren en la vida política, a las que no quieren en las calles, a las que se mata cada día por causas inexplicables e inhumanas, favoreciendo con su actuar ominoso, la impunidad de criminales intelectuales y materiales como sucede ahora en Juchitán de Zaragoza”.
“Detrás de la decisión del juez está Francisco Montero López y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el gobierno de Juchitán y ex candidato a la presidencia municipal de ese municipio istmeño, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehú G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia”.
Nuestra compañera Soledad Jarquín recordó que su hija María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado y no en los últimos días de mayo como declaró el ex titular de la dependencia estatal.
“Es un crimen político y no una vendetta entre narcotraficantes”, como quisieron aparentar desde un principio con el asesinato de Pamela Terán Pineda, quien lamentablemente estaba acompañada de mi hija al momento de su ejecución, y en el que existen pruebas suficientes sobre la presencia de Jehú G.L. y de otras dos personas como autores materiales.
Añadió que hay testimonios de personas que aseguran que Jehú G.L., fue quien se llevó las cámaras fotográficas y de video propiedad de María del Sol Cruz Jarquín. “Si Jehú G.L. fuera un “buen cristiano, un buen muchacho”, como dicen quienes protestaron a su favor, habría devuelto sus cosas, pero no fue así, ahí operó un robo y la complicidad de quienes, con ese robo y el de su computadora por parte de una segunda persona en otro escenario, se pretendía borrar la evidencia de un delito electoral cometido por los hermanos Montero.
Lamentó que el Fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán y la Fiscal Especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, no hayan judicializado la investigación sobre el delito electoral cometido por los hermanos Francisco y Hageo Montero López, sin ninguna razón aparente y cuando ya tienen pruebas suficientes.
También estoy esperando, y pronto, dijo, la respuesta de la Contraloría del Estado y está pendiente una investigación por parte del Instituto Estatal Electoral y, por ende, la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, y de Participación Ciudadana, espero que en estas instancias haya justicia.
Reiteró su llamado al gobierno del Estado, “a quien gobierne Oaxaca” para que haga justicia por las víctimas y “porque con la acción del juez Omar Morales Simón, la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca, no tiene buen comienzo en Oaxaca y sí habla de la una realidad de omisión, complicidad y perversidad, donde lo que menos importa son las mujeres”.
Soledad Jarquín Edgar reiteró que no quitará el dedo del renglón y que seguirá exigiendo justicia por la vida de su hija. Al mismo tiempo responsabilizó de todo lo que pudiera pasarle a ella o al resto de su familia al gobierno de Oaxaca y a los Montero López.
@efektoaguila
