El subsecretario de Atención Médica, Eduardo Clark, confirmó que existen casos documentados de fármacos destinados al sistema público de salud que terminan comercializándose fuera de los hospitales. El Gobierno federal busca fortalecer las investigaciones e impulsar la digitalización para rastrear el origen y destino de cada medicamento.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ha identificado casos en los que medicamentos destinados exclusivamente al sector público de salud presuntamente son sustraídos y puestos a la venta de manera privada, incluso en las inmediaciones de hospitales.
Eduardo Clark, subsecretario de Atención Médica, señaló que las autoridades mantienen investigaciones para esclarecer estas prácticas, que podrían afectar la disponibilidad de tratamientos para pacientes que dependen de los servicios públicos de salud.
Durante una conferencia encabezada por la mandataria federal, el funcionario explicó que algunos de los medicamentos detectados llevan impresa la leyenda “propiedad exclusiva del sector salud”, lo que evidencia que están destinados a instituciones públicas y no a la comercialización particular.
Clark advirtió sobre las consecuencias de estas irregularidades, pues un medicamento que debería entregarse a un paciente puede terminar en manos de terceros que intentan venderlo por fuera de los canales institucionales.
“Es una cosa horriblemente dolorosa cuando tal vez un medicamento no se encuentra porque alguien lo sustrajo y le dicen: ‘¿sabes qué? Te lo vendo afuera’”, expresó el subsecretario al referirse a esta problemática.
Investigan la sustracción y venta de fármacos
El funcionario indicó que los casos identificados son objeto de indagatorias para determinar cómo salen los medicamentos de las instituciones públicas, quiénes podrían estar involucrados y de qué manera llegan al mercado privado.
Aunque confirmó la existencia de situaciones documentadas, no detalló cuántos casos se han detectado, el volumen de medicamentos presuntamente desviados ni las instituciones o entidades donde se habrían registrado las irregularidades.
Tampoco presentó información sobre personas sancionadas o procesos judiciales derivados de estos hechos.
Las investigaciones deberán establecer si los medicamentos fueron sustraídos de almacenes, farmacias hospitalarias u otras áreas de distribución, así como identificar las posibles responsabilidades administrativas o penales que correspondan, de acuerdo con los resultados de cada expediente.
Ante esta situación, Clark llamó a la ciudadanía a denunciar y exhibir los casos en los que se ofrezcan medicamentos identificados como propiedad del sector salud fuera de los canales autorizados.
Las denuncias, explicó, pueden realizarse mediante redes sociales o ante las autoridades correspondientes, con el propósito de aportar información que permita identificar posibles irregularidades.
Evitan responsabilizar al personal médico por el desabasto
Las declaraciones del subsecretario se produjeron en medio de las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionadas con la falta de medicamentos y otras dificultades en la atención médica.
En ese contexto, Clark evitó responsabilizar de manera general a médicos, enfermeras o trabajadores del sector salud por el desabasto. En cambio, señaló la necesidad de investigar los casos específicos en los que se presume que medicamentos públicos son sustraídos y comercializados de manera irregular.
La distinción resulta relevante porque la falta de fármacos puede responder a diferentes factores, mientras que el desvío constituye una posible irregularidad que debe acreditarse mediante investigaciones y pruebas.
El funcionario no presentó datos que permitan determinar qué proporción del desabasto estaría relacionada con estas prácticas ni estableció una conexión directa entre los casos detectados y las carencias denunciadas por los trabajadores.
Por ello, será necesario conocer los resultados de las indagatorias para establecer el alcance del problema y determinar si existen responsabilidades individuales o fallas en los mecanismos de control y distribución.
Digitalización para rastrear el origen y destino de los medicamentos
Como parte de las medidas para combatir estas prácticas, el Gobierno federal impulsa la transformación digital del sistema de salud, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los medicamentos.
Clark explicó que esta estrategia busca contar con información que permita conocer de qué lote procede cada fármaco, dónde se originó y a quién fue entregado. Con esos registros, las autoridades pretenden identificar posibles irregularidades cuando un medicamento destinado a una institución pública aparece a la venta fuera de los hospitales.
“Es la transformación digital del sistema de salud, por no llamarlo una revolución tecnológica que queremos realizar, en la cual podamos tener trazabilidad de los medicamentos para asegurar de qué lote son, dónde vinieron”, señaló.
La trazabilidad permitiría seguir el recorrido de los productos desde su origen hasta su entrega, lo que podría facilitar la detección de diferencias entre los inventarios institucionales y los medicamentos efectivamente distribuidos a los pacientes.
Además, un sistema de seguimiento adecuado podría contribuir a identificar en qué etapa de la cadena de suministro se presentan anomalías y qué áreas deben ser revisadas cuando se detecten medicamentos fuera de los canales autorizados.
Sin embargo, el alcance de esta estrategia dependerá de su implementación, de la calidad de los registros y de la capacidad de las instituciones para verificar que los movimientos de los fármacos queden debidamente documentados.
El reto: esclarecer los casos y garantizar el abasto
El reconocimiento de estas prácticas abre interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia utilizados para controlar los medicamentos públicos y prevenir que terminen en manos de personas que buscan comercializarlos de manera privada.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse están la cantidad de fármacos involucrados, los procedimientos mediante los cuales habrían salido de las instituciones, las posibles redes de distribución y las medidas adoptadas para evitar que los hechos se repitan.
También será importante conocer los resultados de las investigaciones anunciadas por el Gobierno federal y las acciones que se emprenderán cuando se acrediten responsabilidades.
Mientras tanto, la administración de Sheinbaum plantea la digitalización como una herramienta para fortalecer los controles y dar seguimiento al recorrido de los medicamentos dentro del sistema público.
El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por Clark, es impedir que productos destinados a atender a pacientes de hospitales públicos sean desviados hacia la venta particular y garantizar que los fármacos lleguen a quienes los necesitan.
Por ahora, las autoridades han confirmado que existen casos documentados, pero aún no han dado a conocer cifras generales ni resultados concluyentes sobre las responsabilidades relacionadas con estas presuntas irregularidades.
