Por instrucciones del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ha venido realizando una reingeniería de los procesos jurídico-administrativos, laborales y de rendición de cuentas, que transparenten el uso y destino de los recursos federales del sector educativo oaxaqueño en 2014, expresó el Director General del organismo educativo, Moisés Robles Cruz, con motivo de la difusión de los Resultados Finales de la Auditoría 1074 realizada al ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) de la Cuenta Pública 2014.
Los resultados de esta auditoría practicada por la ASF determinaron 13 observaciones a la administración del viejo IEEPO, donde se determinó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por un monto global de mil 118.9 millones de pesos, donde el 90% de estas observaciones tienen que ver con Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) y los pagos del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y al personal comisionado.
El Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, aseguró que en la nueva realidad educativa que se vive en Oaxaca, a partir del decreto emitido el 20 de julio de 2015, que derivó la recuperación de la rectoría educativa en la entidad, se terminaron las prácticas de desorden presupuestal y financiero, para dar cauce al saneamiento financiero del órgano educativo, por lo que se prevé que serán las últimas observaciones de este tipo de prácticas.
El responsable de la política educativa en el estado reiteró que ‘‘estamos ante las últimas observaciones de la ASF de esta magnitud, ya que con la entrada del FONE en 2015, se corrigen muchas de estos comportamientos y con la implementación de la Reforma Educativa en Oaxaca, se eliminaron estos riesgos financieros’’.
A partir de 2015, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) reconoce rubros cuyo gasto obligado generó el 86% del presunto daño a la Hacienda Pública Federal reportado en la auditoría en mención y que en el pasado provocó el déficit en algunas entidades de la República como Oaxaca y gastos millonarios de las arcas estatales en otros estados. Estamos hablando de 965.2 de los 1 mil 118.9 millones de pesos reportados.
Aunado a esto, en la auditoría 2014 se reporta un daño de 146 millones de pesos por pagos a comisionados, los cuales nunca más existirán, luego del anuncio del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, donde se pone fin a la vieja práctica de pago a comisionados sindicales.
En el mismo documento, la ASF señala un presunto daño patrimonial por 43.7 millones de pesos derivada de la existencia de personal sin evidencia documental de realizar sus funciones, y debido a la negativa pública manifestada en oficios firmados y sellados, en donde el gremio sindical magisterial de Oaxaca instruyó a sus integrantes a impedir el ingreso de los auditores de la ASF a las escuelas de la entidad.
Finalmente, fueron reportados 37 millones de pesos de presunto daño derivados de omisiones administrativas que tienen que ver con trámites de jubilaciones, licencias y reubicaciones y que tenían como origen el rezago de los anteriores niveles educativos, cuyos titulares y estructuras de mando eran elegidas, controladas y protegidas por intereses sindicales que hoy han quedado fuera del esquema del Nuevo IEEPO.
Con lo anterior, el Gobierno del Estado y el nuevo IEEPO reiteran su compromiso con el cumplimiento de la ley y se manifiestan preparados para atender responsablemente las observaciones del órgano de fiscalización federal, al tiempo de adelantar que 2014 será el último ejercicio donde se verán reflejados estos vicios del pasado que afectaron las arcas públicas.
El 20 de julio de 2015 inició una nueva etapa para Oaxaca en materia de educación, ya que de la mano de la Federación arrancó la ruta para mejorar la calidad educativa que a siete meses de su implementación, ha dejado atrás el desorden y la opacidad para implementar nuevos procesos administrativos que garanticen el adecuado manejo y transparencia de los recursos públicos.
