La opacidad, la corrupción, el uso faccioso de las instituciones, la cerrazón a la vox populi, el abuso del poder, el cinismo, la mentira reiterada, la represión a la disidencia, el escarnio del adversario, el clientelismo, el incremento de la deuda pública, el nepotismo, la frivolidad, la falta de atención a la población, el uso perverso de los medios de comunicación, el chayote como mecanismo institucionalizado para corromper a comunicadores, etc. son algunas de las prácticas que caracterizaron al gobierno de Ulises Ruz.
Aunque estas prácticas pudieron ser eficaces durante un tiempo, los resultados electorales del 4 julio mostraron que la mayoría de los votantes no estaban de acuerdo con ellas, salieron en número superior a repudiarlas y a buscar nuevos derroteros para Oaxaca.
La Coalición Unidos por la Paz y el Progreso debe ser ahora consecuente. No basta con haber ganado las elecciones si no le da un golpe de timón al uso del poder político que por primera vez en la historia contemporánea la oposición ejercerá, a partir del 15 de noviembre en el caso del poder legislativo, del 1 de diciembre en el gobierno del estado y el 1 de enero en los ayuntamientos.
Si la población mayoritariamente repudió el 4 de julio los vicios del viejo régimen político autoritario, los diputados, funcionarios, concejales, surgidos de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, deberán ser diferentes.
En primer lugar deberán ser transparentes, que todo mundo sepa qué y cuanto tienen, con que patrimonio llegan al poder, que sean públicas sus declaraciones patrimoniales. Que no exista en ellos enriquecimiento inexplicable al término de su ejercicio. Deberemos conocer la evolución de sus ingresos.
Los funcionarios públicos deberán estar libres de vicios. La aplicación del antidomping, no es como dijo alguien: “sólo para los delincuentes”. Quien es vicioso suele ser débil ante otras tentaciones y afecto por cierto a “malas compañías”. Si ha de existir espíritu juarista, los funcionarios han de ser probos.
Que exista transparencia en toda la vida pública, que no haya secrecía de la información, que el dinero que salga de una oficina pública, del nivel que sea, del poder que sea, ejecutivo, legislativo y judicial, los ciudadanos sepan a quien se le entregó y porque motivo. Eso evitara la corrupción de la vida pública que caracterizó al viejo régimen. El dinero que reciban las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las empresas constructoras, etc. deberá ser conocido por todos y deberá también darse rendición de cuentas de su destino final.
Las licitaciones deberán ser públicas y no favorecer a los amigos, familiares o recomendados, sino a quienes garanticen beneficios de cantidad y calidad para el pueblo de Oaxaca, que deberá conocer, objetivos, montos, responsables.
Los funcionarios, los diputados, los cabildos, deberán propiciar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, buscar que sus programas y acciones respondan a las necesidades y expectativas de la sociedad. Deberán procurar los consensos y no imponer arbitrariamente proyectos.
Todos los representantes populares en sus distintos niveles y áreas de competencia deberán respetar la ley y las instituciones y no utilizarlas para su beneficio personal, ni el de sus allegados. La población también tendrá que cambiar actitudes y no buscar que la ley sea torcida a su favor pues una sociedad democrática, querámoslo o no, es una sociedad con reglas para todos. No cumplirla para unos y si para los demás, solo tuerce el espíritu de las mismas y corrompe la convivencia.
Una forma de corrupción es la ineficacia en el servicio público. El funcionario y el empleado público deberán ser eficaces en beneficio de la ciudadanía pues del pago de sus impuestos surgen sus salarios y prestaciones. Ni el cinismo, ni la frivolidad, ni el despilfarro, deben caracterizar la vida republicana que esperamos con la transición democrática.
La nueva vida pública de la transición democrática requiere de una democracia deliberativa, en ella el debate es consustancial; el debate sin embargo deberá aportar razones no descalificaciones, insultos, vituperios, insidia, guerra sucia. Los medios de comunicación el congreso, las plazas públicas deben dar curso a un debate sobre la nueva vida pública que esperamos; sobre los rumbos que ha de tomar la transición democrática.
La transición de un régimen autoritario a un régimen democrático nos obliga a revisar todos los esquemas, procedimientos y formas que vienen del régimen anterior para construir los que habrán de sustituirlos, para cambiar las cosas radicalmente, es decir, de raíz. No es cosa menor pasar de un régimen autoritario a un régimen democrático, los ojos de México y el mundo están puestos en Oaxaca para ver cuáles serán los nuevos estilos y formas de hacer política en nuestra entidad federativa. El 2006 sigue presente.
Los diputados electos, los concejales, Gabino Cue, gobernador electo, los funcionarios que les habrán de acompañar en el ejercicio de gobierno, los jueces, magistrados, todos los servidores públicos, los partidos políticos también, deberán estar a la altura del gran pueblo de Oaxaca que esta 4 de julio decidió darles generosamente su voto.
Pasadas las elecciones, se requiere ahora un Gobierno de Coalición para la Transición Democrática de Oaxaca que incluya en este ejercicio a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; así como al nuevo gobierno del estado y las autoridades municipales electas. Todos deberán jalar parejo y en la misma dirección pues el pueblo voto por él cambio.
