La caída política del gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa evidenció uno de los problemas más graves de la democracia electoral conquistada: la inexistencia de una república federal y la configuración de una balcanización armada con califatos.
Luego de dos y medio años de conflictos, irregularidades, denuncias, descomposición de la gobernabilidad y sobre todo la agudización de la inseguridad a nivel de ciudadanos, finalmente Duarte solicitó licencia para separarse del cargo. El problema fue que dejó un estado sumido en el desorden y, lo que ha sido más grave, con los tejidos social y económico rotos.
Como México no es una verdadera república federal porque los estados carecen de autonomía financiera, económica y productiva y viven de las participaciones federales de un centralismo fiscal, entonces los presidentes de la república siguen teniendo el poder federal sobre los estados. Sólo que no todos los presidentes se preocupan por la cohesión nacional.
El presidente Peña Nieto se hubiera evitado dolores de cabeza de haber tomado la decisión como jefe político del priísmo de separar a Duarte del cargo. La tardanza llevó a una situación gravísima de inseguridad, a una plaza entregada al PAN y a un político en el umbral de la cárcel.
Mientras México no sea una verdadera república federal, las instituciones deben de ocupar los vacíos de fortaleza política. La falta de decisión presidencial tiene el país en manos del crimen organizado y a gobernadores operando como verdaderos califas, señores de horca y cuchillo, despachándose de corrupción sin contrapesos.
México ingresó a la democracia electoral con espacios cada vez más consolidados de respeto al voto, pero la modernización política tiene en lo electoral apenas uno de sus elementos. El verdadero problema de Mexico es que no ha podido consolidar una república formal, de instituciones y leyes y de controles ciudadanos.
Veracruz nos ha recordado que el binomio ciudadanía-república se conforma por sí mismo o dependerá de voluntarismos personales de los titulares de los grandes poderes. El costo, como en Veracruz, siempre es mayor cuando las decisiones tardan en llegar.
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