En el Palacio de Cobián las cosas del Estado empezaron a funcionar al ritmo que el país necesita. En efecto, el nuevo equipo resolvió un problema que Los Pinos y Palacio Nacional dejaron crecer usando la estrategia tradicional del “Te doy pero obedece”.
La Secretaria de Hacienda cuenta con un mecanismo llamado partidas discrecionales usadas, obviamente, para tener el control político de los gobernadores; partidas que no son ley pero si decisiones discrecionales del Ejecutivo vía Hacienda para compensar gastos de los gobiernos estatales a los que nunca les serán suficientes los dineros presupuestados. Plan con maña, para asegurar al Ejecutivo el control político de los gobernadores.
Sin embargo, en esta ocasión de tiempos electorales, falló el chantaje que como cadena al cuello continúa sujetando las voluntades supuestamente soberanas de los gobiernos estatales.
Esta vez, el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral se fue por la libre y decidió no someterse a la voluntad del Gobierno Federal por lo que hizo caso omiso del chantaje económico que la Secretaria de Hacienda le aplicó al no entregarle la partida discrecional de 900 millones de pesos previamente pactada y firmada por las partes.
Como sabemos, Javier Corral es miembro del PAN, motivo suficiente como para aplicarle “la discrecionalidad” de las partidas, solo que la cuerda se reventó por el eslabón más débil como es el manejo sucio de las partidas discrecionales por lo que el Gobernador de Chihuahua denunció la “discrecionalidad” perversa con la que Hacienda aprieta las tuercas cuando los gobernadores no obedecen.
Tuvo que salir al quite el presidente Peña Nieto declarando que se estaba politizando una decisión tomada debido a que Hacienda no contaba con los recursos suficientes. A la declaración presidencial le siguieron las de José Antonio González Anaya que terminaron por enredar mas el problema.
La opinión pública se inclinó a favor del Gobierno de Chihuahua, lo cual aprovecho Javier Corral para sumar al conflicto el caso del ex gobernador César Duarte refugiado en Estados Unidos, y al que la Procuraduría General de la República le está preparando una tibia solicitud de extradición.
Es importante tener en cuenta que solo por los cargos que se consignen en la solicitud de extradición podrá ser juzgado. De manera que si la PGR fija delitos blandos la sentencia sería igualmente suave y, por lo tanto, el delincuente saldría de la cárcel fácilmente. En tal virtud, habría que tener en cuenta que si el peculado es consignado en la solicitud de extradición, César Duarte estaría sujeto a lo siguiente:
El Código Penal Federal señala en el artículo 223 que el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido e atribuciones y facultades, y
Cualquier persona que sin tener carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia, administración o administración de recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les de una aplicación distinta a la que se les destinó.
Al que cometa delito de peculado se le impondrán sanciones que van desde quinientas veces el salario mínimo, tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital de la República; destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Cuando los recursos materia de peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas.
Este delito es solo el inicio de lo que le esperaría a César Duarte en el caso de ser extraditado a México, delito no castigado severamente.
Sin embargo, el ex gobernador de Chihuahua tiene una larga cola de infracciones, la mayoría conectadas con las arcas públicas; con el banco del que es dueño; con las casas blancas y ranchos de su propiedad dentro y fuera de México, como el de Texas.
Javier Corral y Ricardo Anaya saben bien que el jaque dado al Gobierno Federal con la marcha que se inició en Chihuahua y arribó en el Ángel de la Independencia en CDMX y que conectó con el apoyo de la opinión pública y que hizo posible la negociación con la Secretaría de Gobernación para la entrega de los 900 millones al gobierno de Chihuahua.
Alfonso Navarrete Prida y Javier Corral hicieron un buen trabajo lo que habla bien de la política que ahora se practica en el Palacio de Cobián.
@luis_murat
