La estructura orgánica de la Cámara de Diputados del estado de Oaxaca, y en general del Poder Legislativo en toda la República Mexicana con diputados locales de los estados y de la federación, está diseñada y operada para gastar millones de pesos cada año en lo que a un legislador se le ocurra sin absolutamente ninguna necesidad de comprobar el dinero recibido, además de muy pocas probabilidades de derivar consecuencias legales por el gasto absurdo e inmoral de ese dinero. Me explico. Documentos en poder de este columnista demuestran el paraíso de financiamiento en el cual viven los diputados locales al poder disponer cada uno en un año legislativo, millones y millones de pesos para pagar sus tarjetas de crédito, comprarse camionetonas de super lujo, gastar en botanas y festejos, comprar zapatos para sus hijos y sus esposas (incluyen otras acompañantes), y/o hacer campañas electorales, ya no anticipadas, sino permanentes desde que asumen el cargo para aquellos quienes desde sus inicios en el mandato, ya están pensando en el siguiente cargo -¿Conoce a alguien en este supuesto?-. A pesar de tener declarados 45 mil pesos de dieta –salario, pues- mensuales durante el año pasado , cada legislador recibe, de entrada al menos, 115 mil pesos mensuales bajo el rubro “Gestión Social”. Los diputados más jodidos se quedan con ese ingreso el cual, estará Usted, amigo lector, de acuerdo conmigo, ya es una barbaridad. De esta manera, estamos hablando de un ingreso declarado fiscalmente al SAT tan sólo de los primeros 45 mil pesos con sus descuentos respectivos, depositados en una tarjeta bancaria, pero 115 mil pesos son entregados mes con mes en efectivo, sin mediar mayor trámite que la firma de un recibo simple, el cual le sirve de comprobación al Tesorero del Congreso estatal, ante la Secretaría de Finanzas, del destino de ese dinero. Cualquier empresario de medio pelo sabe lo atascada de la actuación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el manejo de dinero en efectivo para los negocios y los contribuyentes en general, pero con los diputados no dice absolutamente nada respecto a ese gasto en efectivo, el cual tómese como se tome, es un ingreso no declarado para ellos ¿Por qué será? Pero eso no es lo peor.
LAS PRIMERAS PREGUNTAS
Sin lugar a duda, hay una serie de preguntas pendientes de contestar ante estos hechos, porque las sumas marcan las siguientes cantidades: 1.- El pago de la dieta le representa a cada diputado un ingreso anual de aproximadamente 540 mil pesos, pero como ya se dijo, esos tienen deducibilidades fiscales. 2.- Sin embargo, la gestión social base le representa a cada uno 1 millón 380 mil pesos ¡sin ningún cargo fiscal! Y es que se supone el destino de ese dinero sería para un beneficio social de la población a través de un diputado, pero no existe una sola comprobación para demostrar cómo gastó el legislador al final esos recursos, pero sí se percibe el nivel de vida tan elevado de un diputado, entonces cabe la primer pregunta ¿de dónde? Otra pregunta es obligada a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado para saber la razón de permitir las comprobaciones a través de recibos simples firmados en hojas membretadas o hasta papel bond simple y llano. Un argumento endeble para intentar justificar la falta de transparencia en el Congreso del Estado es declararlo como un poder independiente, pero esa razón se cae ante el hecho de ser el gobierno del estado el conducto de entrega de esos dineros, además derivados de las participaciones federales, con lo cual debería intervenir hasta la Auditoría Superior de la Federación en las revisiones del destino final de todos esos millones. Como sea, el dinero se reparte, los diputados se lo gastan sin ningún control, y nadie les pide cuentas. Punto. La suma de estos pagos es sencilla de calcular: 1.- De dietas por 42 diputados a 540 mil pesos por cada uno al año = 22 millones 680 mil pesos el año pasado. 2.- De Gestión Social básica a 42 legisladores locales en nuestro estado a 1 millón 380 mil pesos cada uno al año = 57 millones 960 mil pesos en el 2014. Es importante detectar estas sumas, las cuales en sus dos rubros suman 80 millones 640 mil pesos en el primer año legislativo de la LXII Legislatura local. Si estas cantidades suenan medio escandalosas, espere Usted, amigo lector las siguientes cifras.
OTRAS PREGUNTAS PENDIENTES DE CONTESTAR
Copia de documentos operados al interior del Congreso estatal para determinar los dineros operados durante el año pasado reflejan a enero de 2015 un monto programado de 27 millones 590 mil 975 pesos para pago de dietas, lo cual concuerda con lo calculado incluidos los impuestos respectivos. Esto, insisto, es la parte legal y salarial de los diputados. Sin embargo, donde brinca la liebre hasta el espacio sideral es en el rubro de Servicios de Gestión Social al reportarse la friolera de 294 millones, 314 mil 344 pesos con 40 centavos; es decir, si la mayoría de los diputados ha declarado abiertamente recibir 115 mil pesos mensuales de este rubro y ya calculamos 57 millones 960 mil pesos por los 42 legisladores ¿Dónde carajo quedaron los otros 236 millones 354 mil 344 pesos con 40 centavos de ese rubro de Gestión Social? Dinero, por cierto dicho sea de paso, ya entregado por completo desde la Secretaría de Finanzas a la Tesorería de la Cámara de Diputados. En otras palabras, si el total de lo declarado como Gestión Social se hubiera repartido en forma equitativa a cada diputado, habrían recibido, según este documento, cada uno 7 millones 7 mil 484 pesos con 39 centavos en el año y no el millón 380 mil pesos que aceptan haber recibido. Quien lo haya recibido (veremos más adelante) fue a través de recibos simples en hojas blancas o membretadas bajo el texto, “Recibí de la Tesorería de la LXII Legislatura (X cantidad) por concepto de complemento para Gestión Social”; enseguida firma el diputado y san se acabó, ¡a gastar el dinero sin consecuencias! ¿Cómo pueden hacer esto de manera abierta e impune y nadie interviene? ¿Quiénes tienen responsabilidad en estos hechos?
LOS COORDINADORES Y LA VORACIDAD EN EL OJO DEL HURACÁN
El año pasado fue el primer ejercicio legislativo de la actual legislatura local y el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como coordinador parlamentario, fue el priista Alejandro Avilés Álvarez; Anselmo Ortiz García fue integrante de ese órgano en los primeros meses por el PRD, y luego fue sustituido por Félix Antonio Serrano Toledo al cambiar la titularidad de la fracción parlamentaria del Sol Azteca del primero al segundo; el PAN tiene hasta la fecha como representante a Natividad Antonia Díaz Jiménez. Entre ellos fue canalizado el dinero destinado a Gestión Social y ellos decidieron el destino de esos recursos. Cuando este columnista dio a conocer estos números hace tres meses, la preocupación y el reclamo de los diputados de todas las fracciones no fue porque fuera algo irregular o por verse obligados a rendir cuentas al SAT o al INE, sino porque muchos de ellos no habían recibido su parte proporcional a los montos dados a conocer a la luz pública. Si hiciéramos un cálculo sobre la diferencia pendiente de determinar su destino, 236 millones 354 mil 344 pesos, pensando en que se la hubieran repartido en partes iguales entre los legisladores, por diferencias no tan grandes ante el número de diputados por fracción, grosso modo cada uno de los coordinadores habría recibido y administrado (alguno un poco más, otro un poco menos) 78 millones 784 mil 781 pesos 33 centavos en el 2014, es decir, 6 millones 565 mil 398 pesos 44 centavos cada mes bajo el rubro de Gestión Social, insisto, sin necesidad de comprobarle a nadie en qué se los gastaron. A trascendido que ese reparto de dinero fue ejercido –una parte, por supuesto- por los coordinadores parlamentarios en virtud de sus decisiones de apoyar proyectos políticos de sus allegados; por ejemplo, Jesús López Rodríguez, legislador del PRD e integrante de la Mesa Directiva el año pasado, recibía un apoyo por encabezar ese órgano cameral de alrededor de 200 mil pesos mensuales. El actual coordinador de esa fracción y presidente de la Junta de Coordinación Política, Félix Serrano, aceptó continuar otorgándole es apoyo al dejar Jesús López la Mesa Directiva con tal de darle el voto para que fuera Félix el coordinador parlamentario. Quizá ese dinero, si es verdad el reparto, provenga de los fondos de Gestión Social. Los número sustentados y los detalles quedan expuestos en esta columna ¿alguien va a intervenir legalmente?
Y SIGUE LA MATA DANDO
Otros rubros del flujo de dinero sin control en la Cámara de Diputados son escandalosos. Por ejemplo, el renglón clasificado como “Difusión Sobre Programas y Actividades Gubernamentales”, traducido como Comunicación Social, gastó el año pasado 24 millones 787 mil 895. Si la dirección de Comunicación Social del Congreso, encabezada por Mónica Gisela Ramírez Hurtado (ad hoc el apellido ¿no?) sólo ejerció – como se afirma- un promedio de 6 millones de pesos en el año para todos los medios locales y nacionales, entonces 18 millones 787 mil 895 pesos restantes del presupuesto total fueron entregados a los coordinadores parlamentarios, y si estos fueron equitativos en ese reparto, cada diputado recibió 447 mil 330 pesos anuales, o 37 mil 227 pesos mensuales por concepto de Comunicación Social por cada legislador. Por supuesto, dinero operado en efectivo, con recibos simples a quien lo haya recibido, y sin ninguna necesidad de reportar o comprobar el gasto a nadie. Otros rubros documentados sospechosos y apestosos de corrupción son los gastos por pago de asesores y personal extraordinario los cuales en conjunto alcanzan arriba de los 170 millones de pesos en dos ámbitos; y la famosa Unidad Técnica bajo el rubro de Servicios Adicionales al haber recibido 18 millones de pesos inexplicables hasta el momento, pero de eso platicaremos en otra ocasión ¡Por eso todos quieren ser diputados! jaimelabc22@gmail.com
